Las empresas pueden reclamar devoluciones de gravámenes eliminados legalmente en febrero de 2026
Una corte comercial autorizó el reembolso de aranceles que fueron revocados por la Suprema Corte en febrero de 2026, abriendo el camino para que empresas nacionales e internacionales recuperen gravámenes pagados sobre importaciones que posteriormente fueron declarados inconstitucionales o ilegales.
La decisión judicial representa un hito administrativo en la resolución de conflictos arancelarios, aunque la corte comercial no especificó en su fallo los montos totales en juego ni el número exacto de contribuyentes afectados. Fuentes judiciales indicaron que el procedimiento de reclamación será escalonado conforme las empresas presenten sus solicitudes.
Contexto de la revocación anterior
La Suprema Corte eliminó estos aranceles en febrero de 2026 tras determinar que su imposición no cumplía con requisitos legales específicos. La revocación ocurrió después de amparos presentados por empresas que impugnaban la legalidad de los gravámenes. Aunque la Suprema Corte no emitió un comunicado oficial detallado sobre los fundamentos de su decisión, la anulación afectó a sectores específicos de la importación que habían estado bajo presión arancelaria durante meses anteriores.
Esta no es la primera vez que México enfrenta controversias sobre aranceles revocados judicialmente. En administraciones anteriores, decisiones similares de la Suprema Corte han generado disputas administrativas sobre el alcance de los reembolsos y los plazos para solicitarlos.
Procedimiento de reclamación
La corte comercial estableció que las empresas pueden presentar solicitudes de reembolso conforme a procedimientos administrativos estándar. Sin embargo, aún no se han publicado los detalles completos sobre los formularios requeridos, los documentos de soporte necesarios ni los plazos máximos para presentar reclamos.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tendrá la responsabilidad administrativa de procesar estas devoluciones. No ha emitido comunicado oficial sobre el monto total de aranceles a reembolsar ni sobre los recursos presupuestarios asignados para esta operación.
Implicaciones para el comercio
La decisión beneficia principalmente a empresas importadoras que pagaron aranceles sobre mercancías específicas durante el período en que estos gravámenes estuvieron vigentes. El reembolso permitirá a estas compañías recuperar capital que había sido retido por el Estado.
En el contexto más amplio de política comercial, la decisión refleja la tensión recurrente entre el poder ejecutivo, que implementa políticas arancelarias, y el poder judicial, que revisa su legalidad constitucional. México ha experimentado esta dinámica repetidamente en los últimos quince años, con cambios de administración trayendo ajustes en las estructuras arancelarias que subsecuentemente enfrentan impugnaciones legales.
Vacíos de información
La información pública disponible no incluye:
- El monto total de aranceles sujetos a reembolso
- El número de empresas potencialmente afectadas
- El cronograma específico para procesar las solicitudes
- Los montos individuales máximos o mínimos para reclamaciones
- Si el reembolso incluirá intereses moratorios por el período de retención
Neither the commercial court nor the SHCP ha emitido detalles adicionales sobre estas variables administrativas críticas.
Precedentes históricos
Situaciones similares ocurrieron en 2013 cuando aranceles a productos agrícolas fueron revocados, generando procesos de reembolso que tomaron aproximadamente dieciocho meses en completarse. También en 2019, una decisión de la Suprema Corte anuló gravámenes sobre componentes electrónicos, aunque en ese caso los reembolsos fueron procesados más rápidamente debido a cambios en los procedimientos administrativos.
La Corte Comercial ordenó explícitamente que los reembolsos comiencen a procesarse, pero sin establecer una fecha exacta de inicio ni confirmar si habrá priorización según el tamaño de la reclamación o el sector industrial.
El caso permanece bajo vigilancia de asociaciones empresariales y organismos de comercio que monitorean cómo México administra los conflictos entre política arancelaria y control constitucional.
Por Jose Hernandez