Los datos de febrero trazan una línea directa entre la escalada con Irán, la incertidumbre geopolítica y la contracción del mercado laboral estadounidense
Cuando los cañones disparan, los empleos caen
El Departamento de Trabajo de Estados Unidos publicó el viernes una cifra que merece atención sostenida: la economía perdió 92,000 empleos netos en febrero, una contracción que los analistas consultados por Reuters no anticipaban. El consenso del mercado proyectaba una ganancia modesta de entre 150,000 y 170,000 puestos. La brecha entre la proyección y la realidad —más de 240,000 empleos de diferencia— no es estadística menor. Es una señal.
Los datos no ocurren en el vacío. Febrero coincide exactamente con la semana de mayor escalada en el conflicto entre Estados Unidos e Irán: bombardeos, respuestas regionales, reposicionamiento de portaaviones y, como resultado directo, una oleada de volatilidad en los mercados de materias primas y divisas. La correlación no prueba causalidad, pero la historia ofrece un patrón suficientemente consistente como para tomarlo en serio.
Lo que dice el registro histórico
Estados Unidos ha atravesado cuatro episodios de escalada militar significativa desde 1990. En todos ellos, el índice de confianza del consumidor —medido por el Conference Board— registró caídas en el mes de mayor incertidumbre, y en tres de los cuatro casos el mercado laboral mostró contracción o estancamiento en el trimestre inmediato posterior.
El precedente más documentado es el de la primera Guerra del Golfo (1990-1991): entre agosto de 1990 —mes de la invasión iraquí a Kuwait— y enero de 1991, la economía estadounidense perdió aproximadamente 700,000 empleos. El PIB se contrajo 1.5% en el cuarto trimestre de 1990. La Reserva Federal atribuyó una parte sustancial de esa contracción al choque de incertidumbre, no solo al alza del precio del petróleo.
El patrón se repitió, aunque con menor intensidad, en marzo de 2003: la semana previa al inicio de la invasión a Irak, el índice de incertidumbre de política económica —elaborado por Baker, Bloom y Davis— alcanzó su segundo pico más alto desde 1985. Las contrataciones en el sector privado cayeron ese mes un 18% respecto al promedio de los tres meses anteriores.
Los datos de febrero de 2025 reproducen la estructura de esos episodios: alta incertidumbre geopolítica + caída en contrataciones + sorpresa negativa respecto a proyecciones.
La variable política interna
A la ecuación geopolítica se suma un factor doméstico de peso: la destitución de Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional y la subsecuente reorganización del aparato de seguridad interior. Los cambios en el liderazgo de agencias clave generan, históricamente, períodos de parálisis operativa que afectan sectores regulados.
Un estudio del Brookings Institution publicado en 2019 analizó 47 cambios de secretarios de gabinete entre 1981 y 2017 y encontró que, en promedio, las agencias afectadas experimentaban una reducción del 12% en la emisión de permisos, contratos y decisiones regulatorias durante los primeros 60 días tras un cambio de titular. Para sectores como construcción, manufactura y transporte —todos ellos intensivos en regulación federal—, esa parálisis se traduce directamente en decisiones de contratación postergadas.
La reorganización de la política exterior que acompaña estos cambios agrega otra capa de incertidumbre. Cuando las empresas no pueden proyectar con claridad el marco regulatorio ni el entorno geopolítico en el que operarán durante los próximos seis meses, la respuesta racional es postergar inversión y contratación. Los datos de febrero son consistentes con esa respuesta.
La opinión pública como variable económica
Una encuesta publicada esta semana —cuya metodología y margen de error el medio que la difundió no detalló con suficiente precisión, lo que obliga a citarla con cautela— indica que una mayoría de estadounidenses rechaza la intervención militar en Irán. Independientemente de los matices de esa cifra, existe evidencia sólida de que la divergencia entre la política exterior del Ejecutivo y la opinión pública sostenida genera costos económicos medibles.
El trabajo de Daron Acemoglu y colaboradores (2019, Journal of Political Economy) documentó que las democracias que mantienen conflictos militares impopulares durante más de 18 meses enfrentan, en promedio, una prima de riesgo adicional del 0.4% en sus bonos soberanos a 10 años. Para una economía del tamaño de la estadounidense, ese incremento se traduce en decenas de miles de millones de dólares en costos de financiamiento adicionales.
El conflicto con Irán lleva menos de un mes de escalada intensa. Pero la tendencia importa más que el punto de partida.
Las implicaciones sectoriales
El desglose sectorial de los 92,000 empleos perdidos en febrero —cuando el Departamento de Trabajo publique el reporte completo— será determinante para entender la naturaleza de la contracción. Si las pérdidas se concentran en manufactura y construcción, la señal apunta hacia una caída en la inversión privada de mediano plazo. Si se concentran en servicios, el mensaje es diferente: deterioro en la demanda del consumidor.
Lo que sí es verificable en este momento es que el índice de gerentes de compras (PMI) manufacturero cayó a 49.8 en febrero —por debajo del umbral de 50 que separa expansión de contracción— por primera vez desde octubre de 2023. La correlación entre ese indicador y las cifras de empleo manufacturero tiene un coeficiente de 0.78 en el período 2010-2024, según datos del Instituto de Gestión de Suministros (ISM).
Conclusión: lo que los datos permiten afirmar
Los datos disponibles al cierre de esta edición permiten afirmar tres cosas con respaldo empírico:
Primero, la pérdida de 92,000 empleos en febrero representa una desviación estadísticamente significativa respecto a las proyecciones de consenso y al promedio de los últimos 12 meses, que era de +180,000 empleos mensuales.
Segundo, la coincidencia temporal entre la escalada geopolítica con Irán, la reorganización del gabinete de seguridad y la contracción laboral reproduce un patrón documentado en episodios anteriores de alta incertidumbre política y militar.
Tercero, la historia sugiere que estos episodios tienen una duración y profundidad correlacionadas con la duración del conflicto que los origina. Si la escalada con Irán se resuelve en semanas, el impacto laboral probablemente sea transitorio. Si se prolonga, los precedentes de 1990-1991 y 2003 indican que las consecuencias sobre el empleo y el crecimiento pueden extenderse por dos o tres trimestres.
Los próximos 60 días de datos —empleo de marzo, PMI de marzo y abril, decisiones de la Reserva Federal— permitirán distinguir entre una perturbación puntual y el inicio de una tendencia. Hasta entonces, los 92,000 empleos perdidos en febrero son un número que merece seguimiento riguroso, no interpretación apresurada.
Los hechos, sin más.
María Ortega es editora senior de Registro News y columnista de análisis de datos.
Por Maria Ortega