La escalada con Teherán se lee de manera radicalmente distinta en Washington, en Oriente Medio y en Main Street. Tres prismas para un mismo tablero.

Por Arturo Jiménez | Columna de perspectivas cruzadas

Hay semanas en que la política exterior y la economía doméstica convergen con una sincronización que ningún estratega de comunicación habría programado voluntariamente. Esta es una de ellas. Mientras la administración Trump intensifica la presión sobre Irán —con advertencias de golpes «muy fuertes» si las negociaciones no prosperan— el mercado laboral estadounidense registró en febrero su primera contracción en meses: 92.000 empleos perdidos, una cifra que nadie en la Casa Blanca estaba esperando tan pronto.

La coincidencia de ambos titulares no es anecdótica. Genera una tensión narrativa que distintos actores —en Washington, en Teherán y en las ciudades medias de Ohio o Michigan— procesan de maneras fundamentalmente opuestas. Eso es, precisamente, lo que vale la pena desmenuzar.

Desde Washington: la lógica de la presión máxima

Para la administración y sus aliados en el Capitolio, la secuencia de los últimos días tiene una coherencia interna. La tesis es conocida y tiene antecedentes documentados: en el primer mandato de Trump, la retirada del acuerdo nuclear de 2015 y la reimposición de sanciones redujeron las exportaciones de petróleo iraní de 2,5 millones de barriles diarios a menos de 400.000, según cifras de la Agencia Internacional de Energía. La presión funcionó, argumentan sus defensores, en el sentido de que llevó a Irán a la mesa.

Bajo esa óptica, las advertencias de golpes «muy fuertes» no son una escalada irracional, sino un componente calculado de la negociación: elevar el costo de no negociar para que la contraparte perciba el acuerdo como la salida menos onerosa. La simultaneidad con conversaciones comerciales en otras latitudes refuerza la lectura de que Washington opera en modo de presión multidimensional —económica, militar, diplomática— como táctica de fuerza.

Los datos del mercado laboral, desde esta perspectiva, son un ruido incómodo pero manejable. Los portavoces de la administración ya han apuntado a factores de ajuste estacional y a la incertidumbre generada por los propios cambios de política comercial como causas transitorias. El argumento es que la reestructuración productiva tiene costos a corto plazo que se compensarán con acuerdos más favorables a mediano plazo.

Desde Irán y la región: la espiral que nadie quiere nombrar

Visto desde Teherán —o desde capitales como Ankara, Bagdad y Beirut, que observan el conflicto con nerviosismo creciente— el cuadro luce considerablemente menos ordenado.

Irán llega a esta segunda semana de conflicto con una economía ya contraída por años de sanciones: el rial ha perdido más del 80% de su valor frente al dólar en la última década, y la inflación superó el 40% en 2023, según el Banco Central iraní. Para el régimen, cualquier concesión percibida como capitulación ante la presión militar tiene un costo político interno que puede ser mayor que el costo económico de no ceder.

Esa es la paradoja que analistas como Vali Nasr, exasesor del Departamento de Estado, han señalado repetidamente: la presión máxima puede funcionar como palanca negociadora, pero también puede consolidar a los sectores más intransigentes dentro del sistema iraní, que utilizan la amenaza exterior como argumento para cerrar filas. La historia reciente de las negociaciones nucleares —con avances en 2013-2015 y retrocesos entre 2018 y 2022— ilustra que el ciclo de presión y repliegue no produce resultados lineales.

Desde la región, además, la preocupación no es solo iraní. Cualquier acción militar significativa en ese corredor geográfico tiene efectos en los mercados de energía globales, en las rutas del Golfo Pérsico y en la estabilidad de gobiernos que ya gestionan tensiones internas propias. Arabia Saudita, que en 2023 protagonizó un histórico acercamiento con Irán mediado por China, observa la escalada con una ambivalencia que sus canales oficiales no verbalizan con claridad.

Desde Main Street: el momento es el mensaje

Hay una tercera lectura, menos geopolítica y más doméstica, que los sondeos de opinión vuelven imposible ignorar. La mayoría de los estadounidenses, según encuestas recientes citadas en varios medios, rechaza la acción militar contra Irán. No es un dato menor en un país donde la memoria de Irak y Afganistán sigue activa en el debate público, y donde el costo humano y fiscal de esos compromisos forma parte del argumento con el que el propio Trump construyó su regreso político.

Y ahora se añade la capa económica. Noventa y dos mil empleos perdidos en un solo mes no es un número abstracto: es el primer signo estadístico de una contracción en un mercado laboral que venía siendo el principal argumento de estabilidad de la economía estadounidense. La relación causal entre la política arancelaria y esa contracción es debatida entre economistas —algunos señalan al reajuste de expectativas empresariales, otros a la desaceleración del consumo—, pero el dato en sí mismo reencuadra el debate político.

La pregunta que circula en los medios económicos es directa: ¿puede una administración sostener una postura de fuerza en el exterior cuando el frente doméstico empieza a mostrar fisuras? La historia reciente ofrece respuestas contradictorias. George W. Bush mantuvo dos guerras con desempleo bajo control durante años. Pero la erosión del apoyo popular suele comenzar exactamente cuando la economía y el conflicto exterior se deterioran en paralelo.

El rechazo a la acción militar no implica necesariamente respaldo a Irán ni oposición a la presión diplomática. Las encuestas muestran una opinión pública que distingue entre herramientas: las sanciones generan menos resistencia que las operaciones militares. Ese matiz es relevante para entender qué margen real tiene la administración para implementar sus amenazas más allá de la retórica.

El prisma y sus caras

Tres lecturas, entonces, que no se anulan entre sí sino que coexisten en el mismo momento histórico.

Desde Washington, una táctica de presión calculada con precedentes que sus defensores consideran exitosos. Desde la región, una espiral de difícil control donde la lógica del cálculo racional puede verse desbordada por dinámicas internas en ambos lados. Desde las ciudades estadounidenses, una opinión pública que pone el costo local —empleos, riesgo bélico— en el centro de la ecuación, antes que la estrategia global.

Lo que tienen en común estas tres perspectivas es que ninguna puede ignorar a las otras dos. Las administraciones que han subestimado la presión doméstica durante crisis exteriores han pagado costos políticos severos. Las que han ignorado la lógica interna de sus adversarios han prolongado conflictos que creían resolver en semanas.

La segunda semana del conflicto acaba de comenzar. Los próximos movimientos —en la mesa de negociaciones, en los mercados de futuros, en los sondeos de opinión— dirán qué lectura del tablero estaba más cerca de la realidad.

Los hechos, sin más.

Por Arturo Jimenez