El cierre más largo del DHS en la historia del país no es una anomalía aislada; es el dato que conecta todos los demás

Hay una cifra que ancla la semana política de Washington mejor que cualquier declaración presidencial o argumento ante la Corte Suprema: 44 días. Ese es el tiempo que el Departamento de Seguridad Nacional lleva operando sin secretario confirmado, el cierre de liderazgo más largo en la historia de la agencia desde su creación en 2002. Esa cifra no es retórica. Es el eje sobre el que giran, simultáneamente, al menos cuatro de las historias más significativas de esta semana.

El dato que el resto ignora

El DHS fue creado en respuesta directa a los ataques del 11 de septiembre de 2001, precisamente porque el Congreso y la administración de George W. Bush concluyeron que la fragmentación del liderazgo en seguridad había costado vidas. La agencia agrupa bajo un mismo techo a 22 entidades federales, incluyendo la Guardia Costera, el Servicio Secreto, la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA) y los servicios de inmigración. Ninguna administración anterior había dejado vacante su secretaría por más de 30 días consecutivos.

Que el período actual supere los 44 días no es un dato administrativo menor. La evidencia histórica sobre vacíos de liderazgo en agencias de seguridad es consistente: los períodos de transición prolongados correlacionan con una reducción en la coordinación operativa entre departamentos, según estudios del Gobierno Accountability Office (GAO) publicados entre 2017 y 2022.

Cuatro historias, un denominador común

Esa ausencia de liderazgo consolidado en el DHS aparece, de forma directa o tangencial, en cada uno de los grandes temas de la semana.

Primero: hackers respaldados por Irán accedieron a correos personales del director del FBI. La CISA, que depende del DHS, es precisamente la entidad responsable de coordinar la respuesta federal ante intrusiones cibernéticas de actores estatales. Operar 44 días sin un secretario confirmado que pueda tomar decisiones de alto nivel y coordinar con el director de Inteligencia Nacional no es una condición ideal para responder a una operación de este tipo. No se puede afirmar con certeza que el cierre causó la brecha, pero sí que la reducción de coordinación institucional durante vacíos de liderazgo es un riesgo documentado.

Segundo: Estados Unidos refuerza su presencia militar en Oriente Medio mientras negocia simultáneamente un acuerdo para poner fin al conflicto con Irán. La combinación de despliegue militar y diplomacia paralela no es inusual en la historia estadounidense —ocurrió en las negociaciones con Corea del Norte entre 2018 y 2019, y con Irán mismo durante los acuerdos de 2015—, pero requiere una coordinación estrecha entre el Departamento de Defensa, el Departamento de Estado y los servicios de inteligencia doméstica. El DHS, en su rol de articulador de amenazas internas vinculadas a actores extranjeros, es parte de esa cadena. Una secretaría vacante es un eslabón más débil.

Tercero: la administración autorizó un buque ruso para entregar petróleo a Cuba, rompiendo con décadas de política de bloqueo energético. Independientemente de la evaluación estratégica de esa decisión, su implementación implica al menos dos divisiones del DHS: la Guardia Costera, en lo que respecta a aguas territoriales y monitoreo marítimo, y las oficinas de control de exportaciones e importaciones que operan bajo su paraguas. Ejecutar un cambio de política de esta magnitud sin un secretario confirmado que pueda responder ante el Congreso crea un vacío de rendición de cuentas que los datos históricos sobre supervisión del Poder Ejecutivo identifican como problemático.

Cuarto: la Corte Suprema debatirá esta semana la constitucionalidad de los decretos ejecutivos que buscan restringir la ciudadanía por nacimiento. Esta es, sin duda, la historia con mayores implicaciones estructurales. La Decimocuarta Enmienda, ratificada en 1868, establece de forma explícita que toda persona nacida en territorio estadounidense es ciudadana. En los 157 años desde su ratificación, ninguna administración había emitido un decreto ejecutivo cuestionando esa interpretación. El precedente de United States v. Wong Kim Ark (1898) —en el que la Corte Suprema confirmó la ciudadanía por nacimiento incluso para hijos de inmigrantes que no podían naturalizarse— lleva 127 años vigente.

Los argumentos jurídicos que la actual administración presenta ante la Corte giran en torno a una reinterpretación de la cláusula "sujeto a la jurisdicción" de la enmienda. Esa reinterpretación ha sido rechazada de forma consistente por los tribunales federales en al menos seis jurisdicciones durante los últimos meses. La pregunta que la Corte deberá responder no es únicamente sustantiva —si la ciudadanía por nacimiento puede restringirse mediante decreto— sino también procesal: si los tribunales de distrito tienen autoridad para emitir órdenes de bloqueo de alcance nacional. Esta segunda pregunta tiene implicaciones que van mucho más allá de la inmigración.

Lo que la concurrencia de eventos revela

Tomados de forma individual, cada uno de estos eventos puede leerse como una historia separada. Los datos sugieren, sin embargo, que su concurrencia en una misma semana no es accidental, sino el resultado de una condición estructural: una administración que está ejecutando simultáneamente cambios de política de primer orden en múltiples frentes —constitucional, diplomático, de inteligencia, de seguridad energética— mientras la agencia federal con mayor responsabilidad transversal sobre todos esos frentes opera sin liderazgo confirmado por un período sin precedentes.

Históricamente, las administraciones que han intentado reformas simultáneas y aceleradas en múltiples dominios de política exterior e interior han enfrentado dos tipos de costos: costos de implementación, derivados de la falta de coordinación interagencial, y costos de legitimidad, derivados de la acumulación de litigios y resistencia institucional. La administración Reagan los experimentó durante el caso Irán-Contra. La administración Bush los experimentó durante la expansión de las facultades de vigilancia post-11 de septiembre. La diferencia cuantificable hoy es la velocidad: el número de decretos ejecutivos impugnados judicialmente en los primeros meses de esta administración supera los registros históricos de cualquier administración previa, según datos compilados por el Instituto Brennan de Justicia.

Conclusión: los 44 días como indicador compuesto

Los 44 días de cierre en el DHS no son solo una cifra de gestión burocrática. Son un indicador compuesto. Condensan, en un solo número, el estado de la coordinación interagencial en el momento en que piratas informáticos iraníes acceden a cuentas del FBI, en que se negocia con Teherán, en que se reescribe la política hacia Cuba y en que la Corte Suprema delibera sobre el alcance de la Decimocuarta Enmienda.

La evidencia no indica que el vacío de liderazgo en el DHS sea la causa de ninguno de estos eventos. Sí indica que es una variable de riesgo activa en todos ellos al mismo tiempo. Y eso, en términos de análisis de riesgo institucional, es precisamente lo que los gestores de crisis llaman una condición de vulnerabilidad sistémica.

Los hechos, sin más.

Por Maria Ortega