La prohibición de 2,500 modelos de rifles de asalto es el mayor esfuerzo de control de armas en décadas, pero la recompra voluntaria enfrenta baja adhesión

Canadá implementó en 2020 la prohibición más ambiciosa de armas de fuego en décadas, vetando 2,500 modelos de rifles de estilo asalto tras un tiroteo en Nueva Escocia que dejó 22 muertos. Sin embargo, el programa de recompra voluntaria diseñado para retirar estas armas del circulación ha alcanzado apenas el 50% de su objetivo inicial, revelando las dificultades prácticas de una política que carecía de precedentes recientes en la política canadiense.

El gobierno federal canadiense estableció un programa de compra con compensación económica para los propietarios legales de rifles prohibidos. La iniciativa se diseñó como complemento obligatorio de la prohibición: mientras que la posesión de estas armas se convirtió en ilegal, el Estado ofrecería compensación para facilitar el cumplimiento voluntario. Esta estructura refleja un dilema común en la regulación de armas de fuego: la prohibición legislativa por sí sola no garantiza la entrega de armas ya en circulación.

El fracaso en alcanzar el objetivo completo sugiere múltiples obstáculos. Primero, la participación voluntaria depende de la disposición de los propietarios a registrarse y entregar sus armas, un paso que requiere confianza en el gobierno y aceptación de la política misma. Segundo, el programa enfrentó desafíos logísticos: establecer centros de recompra en un país de 38 millones de habitantes distribuidos en una geografía vasta presenta complejidades operativas. Tercero, algunos propietarios pueden haber optado por mantener las armas ilegalmente o transferirlas a través de canales no regulados.

El contexto histórico es relevante. Canadá ha experimentado con control de armas de fuego durante décadas, pero con enfoque principalmente en licencias y registros. La prohibición de 2020 representó un giro hacia restricción de modelos específicos, acercándose más a los modelos de algunos países europeos que al historial regulatorio canadiense propio. A diferencia de Australia, que implementó un programa de recompra obligatorio tras la masacre de Port Arthur en 1996 y logró tasas de cumplimiento superiores al 80%, Canadá eligió un modelo voluntario con compensación.

La discrepancia entre objetivo y resultado también refleja divisiones políticas dentro de Canadá. Las provincias de Alberta, Saskatchewan y Manitoba, con tradiciones de mayor propiedad de armas y comunidades rurales que las utilizan para caza, han mostrado menor apoyo a la prohibición. En contraste, provincias urbanas como Ontario y Columbia Británica registraron mayor participación en el programa de recompra.

Los datos disponibles indican que entre 2020 y 2024, el gobierno recompró aproximadamente la mitad del arsenal objetivo. Las cifras exactas de armas retiradas permanecen clasificadas parcialmente, una decisión que el gobierno justificó por razones de seguridad. Sin embargo, reportes de medios canadienses han documentado el progreso trimestral del programa, permitiendo seguimiento público.

El resultado plantea interrogantes sobre la viabilidad de prohibiciones sin mecanismos más coercitivos. Algunos funcionarios federales han sugerido endurecer las medidas, mientras que legisladores provinciales cuestionan si la política fue realista desde el inicio. El gobierno actual mantiene la prohibición en vigor y continúa el programa de recompra, aunque a menor ritmo que en los primeros años.

Esta experiencia canadiense forma parte de un debate más amplio en América del Norte sobre regulación de armas. Mientras que el gobierno federal canadiense presenta la prohibición como un logro de seguridad pública, la meta incompleta ilustra los límites de las políticas de armas diseñadas sin amplio consenso político y con participación voluntaria como pieza central.

Por Jose Hernandez