Un hijo y el yerno del gobernador de Sinaloa participan en empresa con 17 operaciones de importación en un solo día

Una empresa con participación de familiares cercanos del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, realizó 17 operaciones de importación de combustibles especializados para automovilismo de competencia en un único día, según reportó Contra la Corrupción.

La empresa en cuestión —en la que participa un hijo y el yerno del mandatario estatal— importó combustibles de alto octanaje de VP Racing Fuels, una firma texana especializada en gasolinas para vehículos de carreras. El volumen de operaciones en un solo día sugiere una incursión significativa en un nicho de mercado altamente especializado.

Este movimiento comercial llama la atención por varias razones. Primero, el mercado de combustibles para automovilismo de competencia es un segmento muy específico que requiere licencias especializadas y cumplimiento de regulaciones federales sobre importación de productos químicos. VP Racing Fuels es una marca reconocida internacionalmente en el sector de las carreras, cuya presencia en México había sido limitada.

Segundo, la concentración de 17 operaciones de importación en un solo día es inusual desde el punto de vista operativo. Típicamente, las importaciones se distribuyen en múltiples fechas para facilitar trámites aduanales y logísticos. Una cifra de este calibre en 24 horas sugiere una coordinación especial o un acceso preferente a procesos aduanales.

Tercero, la participación de miembros de la familia del gobernador en negocios de importación plantea preguntas sobre potenciales conflictos de interés. En México, funcionarios públicos y sus parientes cercanos están sujetos a restricciones legales que limitan su participación en empresas que puedan beneficiarse de decisiones gubernamentales. El sector de combustibles, en particular, está regulado por Pemex y la Secretaría de Energía, entidades sobre las que el gobierno estatal tiene influencia indirecta.

El contexto institucional es relevante. Sinaloa ha sido históricamente un estado donde las relaciones entre negocios privados y funcionarios públicos han merecido escrutinio. La gobernatura de Rocha Moya, que comenzó en 2021, ha estado marcada por investigaciones sobre diversas prácticas empresariales de allegados al mandatario.

Desde una perspectiva regulatoria, cualquier importación de combustibles especializados requiere autorización de la Secretaría de Energía y cumplimiento de normas oficiales mexicanas sobre almacenamiento y distribución de productos químicos. El hecho de que una empresa con vínculos al gobernador haya obtenido permisos para 17 operaciones en un día sugiere que completó los trámites correspondientes, aunque la velocidad del proceso merece análisis.

El mercado de combustibles para carreras en México es reducido pero lucrativo. Las competencias de automovilismo —desde carreras regionales hasta eventos de presencia internacional— requieren productos de especificaciones muy precisas. VP Racing Fuels es líder global en ese segmento, con presencia en circuitos de Fórmula 1, NASCAR y competencias regionales. Su entrada a través de distribuidores mexicanos representa una oportunidad comercial genuina.

Sin embargo, el acceso preferente a licencias de importación es un indicador que investigadores y autoridades de transparencia suelen monitorear. En sistemas donde existen mecanismos de captura regulatoria —cuando funcionarios otorgan ventajas a empresas vinculadas a sus familias— los patrones típicos incluyen aprobaciones rápidas, volúmenes concentrados y beneficiarios con lazos políticos cercanos.

La información disponible no permite determinar si hubo irregularidades en los trámites de importación. Lo que sí es verificable es que: la empresa existe, participa un hijo y el yerno del gobernador, VP Racing Fuels es proveedor confirmado, y las 17 operaciones ocurrieron en un solo día.

Esta situación requeriría investigación detallada de: el proceso de autorización de las importaciones, si hubo tramitaciones aceleradas, las autorizaciones previas de Energía y aduanas, y los antecedentes de la empresa importadora. Instituciones como la Unidad de Inteligencia Financiera o la Secretaría de la Función Pública tendrían facultades para verificar si existieron irregularidades en el otorgamiento de permisos o en el origen de los recursos utilizados.

Por ahora, el hecho documentado es que allegados cercanos al gobernador participan en un negocio de importación de combustibles especializados, y lo hicieron con un volumen operativo que sale de los patrones típicos del sector.

Por Ricardo Sanchez