Comunidades indígenas del Istmo de Tehuantepec denuncian transformación del territorio y violación del derecho a consulta previa

En el Istmo de Tehuantepec, en el sur de Oaxaca, mujeres indígenas zapotecas llevan veinte años defendiendo su territorio contra la expansión de parques eólicos que han transformado radicalmente el paisaje local y, según sus denuncias, han vulnerado derechos fundamentales de consulta previa y autodeterminación.

Según Lado B, estas defensoras han documentado cómo los proyectos de generación de energía eólica han alterado el ecosistema regional y modificado la relación histórica que sus comunidades mantienen con el viento, elemento central en la cosmovisión y economía zapoteca.

El Istmo de Tehuantepec es una de las zonas con mayor potencial eólico de México. Entre 2004 y 2014, la región experimentó un crecimiento acelerado de infraestructura para la generación de energía renovable, con decenas de proyectos aprobados y ejecutados. Estos desarrollos se inscribían en el marco de la política energética nacional de transición hacia fuentes limpias, un objetivo respaldado por gobiernos de distintas administraciones.

Sin embargo, las comunidades locales reportan que estos proyectos fueron implementados sin procesos de consulta adecuados con los pueblos indígenas afectados. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, vinculante para México desde su adhesión en 2007, establece el derecho a la consulta previa, libre e informada en proyectos que afecten sus territorios.

Las mujeres zapotecas han jugado un papel central en esta resistencia. Muchas de ellas son agricultoras, comerciantes y guardianas del conocimiento tradicional sobre el uso y significado del viento en sus comunidades. "El viento no es solo aire que mueve turbinas", señalan sus testimonios documentados. "Es parte de nuestra identidad, de cómo vivimos aquí desde hace siglos".

Las transformaciones reportadas incluyen cambios en los patrones de viento local, afectación de cultivos tradicionales como la vainilla y el cacao, y alteración de rutas migratorias de fauna local. Además, se han registrado conflictos sobre el acceso a tierras comunitarias y la distribución desigual de beneficios económicos derivados de estos proyectos.

Desde el gobierno federal, se ha argumentado históricamente que estos proyectos representan una oportunidad de desarrollo económico y contribuyen a los objetivos de México de reducir emisiones de carbono. Las autoridades han indicado que cumplen con la normativa ambiental vigente. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han cuestionado si los procesos de consulta previa han sido genuinos o meramente formales.

En 2019, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió criterios reafirmando el derecho de las comunidades indígenas a la consulta previa, aunque su implementación práctica sigue siendo limitada y desigual entre regiones.

Las defensoras zapotecas han utilizado diversas estrategias: documentación de impactos ambientales, participación en foros regionales, presentación de amparos y alianzas con organizaciones de derechos humanos. Algunos municipios del Istmo, como Juchitán, han registrado procesos judicales vinculados a disputas sobre territorio y energías renovables.

Organizaciones como la Asamblea de Mujeres Indígenas en Defensa del Territorio reportan que muchas lideresas han enfrentado estigmatización por su activismo, siendo caracterizadas como "opositoras al desarrollo" en sus propias comunidades. Esta presión refuerza la relevancia de documentar sus voces de manera independiente.

El conflicto refleja una tensión estructural en México: la necesidad de transición energética —reconocida tanto por gobiernos como por expertos ambientales— frente al derecho de los pueblos indígenas a participar en decisiones que afecten sus territorios. Ambos objetivos no son inherentemente contradictorios, pero su compatibilización requiere procesos de consulta genuina, respeto a la autodeterminación y distribución equitativa de beneficios y costos.

Para México, esta disputa en el Istmo de Tehuantepec plantea interrogantes sobre cómo conciliar la transición hacia energías limpias con la protección de derechos territoriales indígenas. La respuesta que el país dé a estas comunidades zapotecas tendrá implicaciones directas en cómo se desarrollarán futuras políticas de energía renovable en territorios indígenas, en la credibilidad institucional del Estado y en el cumplimiento de compromisos internacionales en materia de derechos humanos.

Por Adriana Lim