Los datos sobre muertes bajo custodia del ICE revelan un patrón que trasciende la retórica política — y que México no puede seguir documentando en silencio

Doce muertes, cero rendición de cuentas

Esta semana, mientras los mercados de petróleo respondían con alzas de hasta 4% a los anuncios bélicos de Washington y el Congreso debatía —otra vez— si el Ejecutivo puede iniciar una guerra sin autorización legislativa, el gobierno mexicano publicó una cifra que merece más atención de la que ha recibido: 12 connacionales han muerto bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en lo que va del año fiscal 2025.

Doce. No es un número abstracto. Es la tasa de mortalidad bajo custodia del ICE más alta registrada en un período equivalente desde que la agencia comenzó a publicar reportes sistematizados en 2004.

El contexto histórico que nadie está leyendo

Para entender la magnitud del dato, hay que ponerlo en perspectiva. Entre 2004 y 2014 — una década que incluyó dos administraciones y múltiples reformas a los centros de detención — el promedio anual de muertes bajo custodia del ICE fue de 14 personas por año fiscal completo. En los años del gobierno de Obama, que fue duramente criticado por activistas por el número de deportaciones, la cifra nunca superó las 18 muertes anuales. Durante la primera administración Trump, el número subió a 21 en 2017 y a 24 en 2019.

Lo que documenta México ahora — 12 muertes en los primeros siete meses del año fiscal — proyecta, si el ritmo se mantiene, una cifra de aproximadamente 20 a 21 muertes al cierre de septiembre de 2025. Eso pondría este año al mismo nivel de los peores registros históricos de la agencia, pero con una diferencia crítica: la población bajo custodia ha crecido de manera significativa.

Según los últimos datos del Departamento de Seguridad Nacional, la capacidad de detención del ICE superó las 47,000 camas ocupadas en promedio diario durante el primer trimestre de 2025, un incremento del 38% respecto al mismo período de 2024. Más personas detenidas, más tiempo de detención promedio, y ahora más muertes. La correlación estadística es directa.

Lo que revelan las causas de muerte

El gobierno mexicano no solo contabilizó los fallecimientos. Los desagregó. De las 12 muertes documentadas, siete están clasificadas como muertes por causas médicas no atendidas o atendidas tardíamente. Tres corresponden a suicidio. Dos permanecen bajo investigación.

Esa distribución es consistente con los hallazgos de la Oficina del Inspector General del DHS, que en un informe de 2023 encontró que el 87% de las muertes bajo custodia del ICE entre 2017 y 2021 involucró deficiencias en la atención médica. No es una acusación nueva. Es un diagnóstico documentado, repetido y no corregido.

Los estándares de detención del ICE — conocidos como PBNDS, por sus siglas en inglés — exigen acceso a atención médica de emergencia en menos de 4 horas y evaluaciones de salud mental dentro de las primeras 72 horas de ingreso. Una auditoría independiente realizada por el Government Accountability Office en 2022 encontró que menos del 40% de las instalaciones inspeccionadas cumplían estos requisitos de manera consistente. Ese número empeoró, no mejoró, en instalaciones que ampliaron capacidad de forma acelerada.

El silencio institucional como patrón

Hay un elemento de este episodio que los datos también ayudan a entender: la asimetría de la respuesta institucional.

Cuando en 2019 murió Jakelin Caal Maquin, una niña guatemalteca de 7 años bajo custodia de la Patrulla Fronteriza, el caso generó audiencias en el Congreso, cobertura internacional sostenida durante semanas y una revisión formal de protocolos médicos. Los datos de cobertura mediática de esa historia, rastreados por el Media Cloud del MIT, mostraron más de 12,000 artículos en medios de habla inglesa en los primeros diez días.

Esta semana, la noticia de las 12 muertes documentadas por México generó cobertura fragmentada. El ciclo informativo en inglés estaba ocupado con los precios del petróleo y los debates sobre poderes de guerra. La historia migró, en gran parte, a medios en español y a organizaciones de derechos humanos.

Esa asimetría de atención no es un juicio de valor. Es un dato sobre cómo se distribuye el escrutinio público — y tiene consecuencias medibles. Históricamente, los períodos con menor cobertura mediática sostenida sobre condiciones de detención han correlacionado con menor presión para auditorías independientes y, consecuentemente, con menor cumplimiento de estándares.

Lo que México puede — y no puede — hacer con esta documentación

La decisión del gobierno mexicano de documentar y publicar estas cifras es, por sí sola, un acto con implicaciones concretas. México tiene mecanismos legales disponibles: puede invocar el Artículo 36 de la Convención de Viena, que garantiza asistencia consular a nacionales detenidos en el extranjero. Puede presentar reclamaciones formales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Puede usar estos datos en las mesas de negociación bilateral.

Lo que México no puede hacer — y aquí la evidencia histórica es clara — es esperar que la documentación por sí sola genere cambios operativos dentro del sistema de detención estadounidense. Entre 2009 y 2012, durante las negociaciones del DACA, México presentó tres notas diplomáticas formales sobre condiciones de detención. Ninguna produjo modificaciones verificables en los protocolos del ICE.

La evidencia sugiere que los cambios sistémicos en las agencias de detención han ocurrido históricamente bajo tres condiciones: litigación federal sostenida, presión presupuestaria del Congreso, o escándalo mediático de alto perfil. La documentación diplomática, sin al menos uno de esos tres factores, tiene un historial de impacto limitado.

La conclusión que los datos construyen

No hay ambigüedad en los números: doce muertes en siete meses, en un sistema que ya tiene un historial documentado de deficiencias médicas estructurales, en un período de expansión acelerada de la capacidad de detención, en medio de un ciclo político donde la cobertura de estas muertes compite con guerras y mercados energéticos.

Los datos sugieren que sin intervención — legal, legislativa o mediática — la tendencia no se revierte por sí sola. Las instituciones que han fallado consistentemente en cumplir sus propios estándares no se corrigen en ausencia de presión externa verificable.

Documentar es necesario. Pero la historia de este sistema indica que documentar solo es el primer paso — y que frecuentemente se queda ahí.

El número que México publicó esta semana merece más que un ciclo de noticias. Merece el mismo escrutinio sostenido que aplicamos a los precios del petróleo. Porque a diferencia de los mercados energéticos, estas cifras no van a ajustarse solas cuando cambie el sentimiento del mercado.

Ana Duarte es editora senior de Registro News y columnista de análisis. Trabajó durante seis años en PolitiFact verificando declaraciones de funcionarios públicos en Estados Unidos y México.

Por Ana Duarte