Dos países, dos procesos electorales simultáneos, una misma pregunta de fondo: ¿quién define las reglas del juego político?

Las primarias como espejo

Esta edición ha estado dominada por dos procesos que, a primera vista, parecen ocurrir en órbitas separadas: las primarias del 3 de marzo en Texas y la reforma electoral que avanza en México. Leídos juntos, sin embargo, ofrecen algo más que noticias del día. Ofrecen un diagnóstico sobre el estado de la representación democrática en América del Norte.

Los hechos que estructuran la jornada

En Texas, las primarias definieron los contornos de lo que será la batalla por el Senado en 2026. Por el lado demócrata, Steve Talarico se impuso con claridad y obtendrá la nominación sin necesidad de segunda vuelta. Por el lado republicano, el senador en funciones John Cornyn y el exfiscal general Ken Paxton disputarán un balotaje, señal de que la base del partido está fracturada entre el establishment y el ala más confrontacional. El caso de Dan Crenshaw —veterano, moderado, con nombre reconocido— derrotado por Steve Toth en su propio distrito, completó el cuadro: en la política texana de 2025, la cercanía o distancia respecto a Donald Trump sigue funcionando como el eje organizador más potente.

En México, el Congreso avanzó en una reforma constitucional electoral que modifica la composición y atribuciones del Instituto Nacional Electoral, al tiempo que el gobierno gestionaba la evacuación de ciudadanos mexicanos desde zonas de conflicto en Medio Oriente y promulgaba la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales. Tres frentes simultáneos que ilustran la capacidad —y los límites— de un gobierno que opera con mayoría legislativa amplia.

Contexto que no puede omitirse

Las primarias estadounidenses no son un mecanismo neutro. Nacieron a principios del siglo XX como respuesta a los caucuses cerrados controlados por maquinarias partidistas. La promesa original era democratizar la selección de candidatos. Un siglo después, los datos muestran consistentemente que los votantes que participan en primarias son más ideológicamente extremos que el electorado general: en Texas, la participación en las primarias del 3 de marzo no superó el 18% del padrón habilitado, según cifras preliminares de la Secretaría de Estado de Texas. Ese 18% eligió a quienes competirán por representar al otro 82%.

Esta no es una anomalía texana. Es una característica estructural del sistema. Y explica, en parte, por qué figuras como Crenshaw —con un historial legislativo concreto y financiamiento robusto— pueden perder ante candidatos con menor trayectoria pero mayor sintonía con el núcleo activado de su partido.

En México, el contexto es distinto pero igualmente relevante. La reforma electoral en curso es la segunda gran transformación del sistema desde 2014, y llega en un momento en que Morena y sus aliados controlan más de dos tercios del Congreso. Los críticos de la reforma señalan que concentra decisiones que antes recaían en un organismo autónomo. Los impulsores argumentan que corrige una arquitectura institucional costosa e ineficiente. Ambas lecturas tienen sustento en la evidencia disponible. Lo que no está en disputa es el hecho: México está rediseñando las reglas de su competencia electoral mientras gobierna con una mayoría que le permite hacerlo sin negociación opositora obligatoria.

Tres aristas que la cobertura del día pone sobre la mesa

Primera: La derrota de Crenshaw plantea una pregunta sobre la naturaleza del mandato representativo. ¿Representa un legislador a su distrito entero o a la fracción que lo llevó al cargo? El sistema de primarias, tal como opera, tiende a responder esa pregunta en favor de la fracción. Las implicaciones para la gobernabilidad son evidentes.

Segunda: La disputa Cornyn-Paxton en el balotaje republicano es, en miniatura, el debate que atraviesa al Partido Republicano nacional: entre una derecha institucional que aspira a gobernar desde las estructuras existentes y una derecha disruptiva que ve en esas mismas estructuras un obstáculo. El resultado del balotaje texano será leído, dentro y fuera del estado, como señal de cuál de esas dos visiones tiene más fuerza en la base.

Tercera: La simultaneidad de la reforma electoral mexicana con la evacuación de ciudadanos y la reducción de jornada laboral revela algo sobre la lógica de los gobiernos con mayorías amplias: la capacidad de avanzar en múltiples frentes reduce la presión para priorizar y explicar. Cuando todo es urgente al mismo tiempo, el escrutinio se diluye.

Implicaciones a corto y mediano plazo

En Texas, la carrera de 2026 al Senado federal está tomando forma con más de un año de anticipación. Si Paxton vence a Cornyn en el balotaje, el Partido Republicano enfrentará en noviembre de 2026 a un candidato con un historial judicial complejo —fue sometido a juicio político en el Senado estatal en 2023, del que resultó absuelto— en un estado que sigue siendo republicano pero donde la ventaja se ha reducido en los últimos tres ciclos electorales. Si Cornyn sobrevive, el establishment tendrá su candidato pero con una base activada parcialmente en su contra.

En México, la reforma electoral entrará en vigor antes del próximo ciclo federal de 2027. Las nuevas reglas del juego serán las que determinen cómo se arbitran las elecciones en un contexto de oposición debilitada pero no inexistente. La pregunta sobre si las instituciones electorales resultantes generarán confianza suficiente entre todos los actores políticos —condición necesaria para que los perdedores acepten los resultados— no tiene respuesta todavía.

Para el lector que quiere entender, no solo saber

Los datos de hoy invitan a una reflexión que trasciende las fronteras: en democracias de diseños muy distintos, las reglas que determinan quién puede competir y bajo qué condiciones son tan importantes como los resultados mismos.

¿En qué medida un sistema de primarias con baja participación cumple la función para la que fue diseñado originalmente, o la ha transformado en algo cualitativamente distinto? ¿Y cuando un gobierno reforma las reglas electorales con mayoría suficiente para hacerlo sin consenso, qué distingue una modernización legítima de un reordenamiento de ventajas?

Los hechos, sin más.

Por Hector Dominguez