Los datos de esta semana —desde Kuwait hasta los mercados de futuros— apuntan a un costo medible de la ambigüedad deliberada
Dos frentes, un patrón: cuando la incertidumbre se vuelve política de Estado
El miércoles de esta semana, el Senado de Estados Unidos rechazó por 51 votos contra 45 una resolución que habría limitado la autoridad del presidente Trump para ordenar operaciones militares contra Irán sin autorización del Congreso. Ese mismo día, el Pentágono confirmó los nombres de seis soldados muertos en un ataque con dron atribuido a fuerzas iraníes en Kuwait. A 24 horas de distancia, la administración anunció que impondrá nuevos aranceles globales a partir de la próxima semana. Son tres eventos distintos. Los datos sugieren que forman un solo argumento.
El dato de partida: el costo de la ambigüedad tiene precio de mercado
El índice de volatilidad implícita del S&P 500 —el VIX, conocido coloquialmente como el "índice del miedo"— cerró esta semana por encima de 22 puntos, nivel que históricamente corresponde a períodos de incertidumbre geopolítica o regulatoria elevada. Para contexto: el VIX promedió 17.5 puntos durante 2019, año de la primera ronda de aranceles a China, y superó los 82 puntos en marzo de 2020 durante el colapso pandémico. El nivel actual no es una crisis, pero está estadísticamente por encima de la media de largo plazo (aproximadamente 19.5 puntos desde 2010).
Los mercados de futuros de petróleo registraron una prima de riesgo geopolítico estimada en 4 a 6 dólares por barril según análisis de firmas como Goldman Sachs y JPMorgan publicados esta semana, vinculada directamente a la tensión en el Golfo Pérsico. Cada dólar adicional en el precio del crudo equivale, según la Administración de Información de Energía de EE.UU. (EIA), a aproximadamente 0.01 dólares adicionales por galón de gasolina para el consumidor estadounidense. No es un número dramático de forma aislada. Acumulado sobre millones de hogares durante semanas, sí lo es.
Contexto histórico: el Congreso y los poderes de guerra
La votación del Senado no ocurre en el vacío. La Resolución de Poderes de Guerra de 1973 fue diseñada específicamente para limitar la capacidad del Ejecutivo de mantener fuerzas en combate sin autorización legislativa. Desde su promulgación, ha sido invocada o debatida en al menos ocho conflictos mayores —Vietnam, el Golfo Pérsico en 1991, Iraq en 2002, Siria en 2013, entre otros— con resultados inconsistentes en términos de cumplimiento real.
El rechazo de esta semana sigue un patrón documentado: desde 1973, el Congreso ha fallado en aprobar restricciones formales a los poderes de guerra del Ejecutivo en 14 de las 17 ocasiones en que se ha intentado, según un análisis del Congressional Research Service publicado en 2023. La tendencia no es nueva ni exclusiva de una administración. Lo que sí es específico de este momento es la combinación simultánea con un incidente cinético confirmado —los seis soldados muertos en Kuwait— y una escalada arancelaria en curso.
La paradoja arancelaria: dos ramas, dos direcciones
Mientras el Senado cedía terreno en materia de poderes de guerra, los tribunales empujaban en dirección opuesta en el frente comercial. Una corte federal ordenó esta semana el reembolso de aranceles que la Suprema Corte había previamente revocado —una decisión que crea una rareza jurídica: el Ejecutivo impone nuevos aranceles hacia adelante mientras los tribunales ordenan devoluciones por los aplicados hacia atrás.
La evidencia histórica sobre los efectos de los aranceles a escala global es extensa y, en sus conclusiones centrales, consistente. Un análisis del Fondo Monetario Internacional de 2019 estimó que los aranceles bilaterales entre EE.UU. y China de ese año redujeron el PIB global en aproximadamente 0.8% en el escenario base. La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) calculó en 2018 que los aranceles al acero y aluminio costaron en promedio 900 dólares anuales por hogar estadounidense —un costo distribuido de forma regresiva, con mayor impacto proporcional en los quintiles de ingreso más bajo.
Los nuevos aranceles anunciados esta semana afectarían, según declaraciones del Departamento de Comercio, a socios que van desde la Unión Europea hasta economías del sudeste asiático. La magnitud específica no ha sido completamente detallada al cierre de esta edición, lo que en sí mismo constituye un dato: la incertidumbre sobre la estructura exacta de los aranceles es, según estudios del Federal Reserve Bank of New York, tan dañina para las decisiones de inversión empresarial como los aranceles mismos.
Las implicaciones: cuando los frentes se retroalimentan
La evidencia indica que los frentes geopolítico y comercial no operan de forma independiente. El Consejo de Relaciones Exteriores documentó en un informe de 2022 que en períodos de tensión militar en el Golfo, los costos de transporte marítimo —que afectan directamente las cadenas de suministro globales— se incrementan entre 15% y 40% dependiendo de la duración e intensidad del conflicto. Ese incremento actúa como un arancel adicional no declarado sobre las importaciones.
El patrón que los datos de esta semana describen es el siguiente: un Ejecutivo con poderes de guerra no restringidos por el Congreso, en tensión activa con Irán —con bajas militares confirmadas—, imponiendo simultáneamente nuevos aranceles globales, mientras los tribunales resuelven litigios sobre los anteriores. Históricamente, esta combinación de incertidumbre jurídica, geopolítica y comercial simultánea ha producido contracciones medibles en la inversión privada de corto plazo.
La Reserva Federal de Atlanta proyecta en su modelo GDPNow una tasa de crecimiento del PIB del primer trimestre de 2025 considerablemente por debajo de las estimaciones de consenso de hace seis meses. Sería incorrecto atribuir ese ajuste exclusivamente a los factores de esta semana —pero sería igualmente incorrecto ignorar que la volatilidad sostenida tiene efectos acumulativos documentados sobre las decisiones de inversión y consumo.
Conclusión: lo que los datos permiten afirmar
Los datos disponibles permiten sostener tres conclusiones sin necesidad de especulación.
Primero: el Congreso ha consolidado esta semana un patrón histórico de deferencia al Ejecutivo en materia de poderes de guerra, con consecuencias de largo plazo para el balance institucional que trascienden a cualquier administración particular.
Segundo: la escalada arancelaria simultánea a una tensión geopolítica activa en una región productora de energía crea un efecto multiplicador sobre la incertidumbre económica que las herramientas de política monetaria tienen capacidad limitada para neutralizar.
Tercero: la asimetría entre la velocidad con que se imponen estas decisiones y la velocidad con que los tribunales las procesan —ilustrada por la paradoja de los reembolsos ordenados mientras se anuncian nuevos aranceles— genera un ambiente regulatorio que penaliza de forma desproporcionada a las empresas pequeñas y medianas, que carecen de los equipos legales para navegar esa contradicción.
Ninguno de estos tres puntos requiere una posición política para ser sostenido. Los requiere la aritmética.
— María Ortega es editora senior de Registro News y columnista de análisis de datos.
Por Maria Ortega