El Departamento de Seguridad Nacional sin financiamiento durante cinco semanas afecta familias de migrantes en EE.UU., en contexto de políticas restrictivas

El cierre del Departamento de Seguridad Nacional por cinco semanas ha generado una crisis operativa que afecta directamente a familias de migrantes detenidos en centros de inmigración estadounidenses. Las dificultades para acceder a estos centros se suman a un problema más grave: un aumento documentado de muertes de migrantes bajo las políticas de inmigración restrictiva implementadas por la administración Trump.

Legisladores demócratas han señalado que los problemas de acceso a centros de detención son síntoma de deficiencias estructurales más profundas en la supervisión de inmigración. Sin los fondos federales necesarios, el DHS ha visto limitada su capacidad para mantener estándares mínimos de operación, incluyendo la documentación de detenciones y la comunicación con familias sobre el paradero de sus parientes.

Esta situación ha adquirido urgencia trágica con la muerte de Royer Perez-Jimenez, adolescente mexicano de 17 años, quien falleció mientras estaba bajo custodia del servicio de inmigración estadounidense. Su muerte se suma a un patrón preocupante: desde el inicio de la nueva administración, se ha registrado un aumento significativo en muertes de migrantes bajo custodia federal.

Desde la perspectiva mexicana, el incidente representa una violación de obligaciones internacionales de protección a menores de edad. El gobierno mexicano ha expresado mediante canales diplomáticos su preocupación sobre el trato a ciudadanos bajo custodia estadounidense. La muerte de Perez-Jimenez es particularmente sensible porque ocurrió durante un cierre presupuestario que ha dejado sin supervisión adecuada muchas operaciones del DHS.

En el terreno, agentes de la Patrulla Fronteriza reportan que el cierre presupuestario ha comprometido incluso funciones básicas. Algunos centros de detención en ciudades fronterizas como San Diego y El Paso han visto reducida su capacidad de personal, afectando tanto la documentación de casos como la asistencia médica disponible para detenidos.

La administración Trump ha sostenido que sus políticas de inmigración más restrictivas son necesarias para la seguridad nacional. Sin embargo, las muertes bajo custodia —particularmente de menores— presentan un desafío político y humanitario que trasciende argumentos sobre control fronterizo. En Washington, legisladores de ambos partidos enfrentan presión para resolver el cierre del DHS, aunque con visiones radicalmente diferentes sobre cómo financiar la agencia.

El cierre presupuestario ha afectado no solo la inmigración, sino también otras funciones del DHS críticas para la seguridad fronteriza. Esto incluye operaciones de aduanas, investigaciones criminales y programas de protección de testigos. La duración prolongada del cierre —cinco semanas— ha generado acumulación de casos sin procesar y retrasos en múltiples sistemas.

Para familias mexicanas con parientes bajo custodia estadounidense, la situación es especialmente crítica. Las líneas telefónicas de centros de detención están saturadas, y muchas familias no pueden obtener información sobre el estado de salud o procedimiento legal de sus detenidos. Consulados mexicanos han documentado docenas de quejas sobre falta de acceso.

En contexto más amplio, la muerte de Perez-Jimenez ocurre mientras la administración Trump mantiene políticas de expulsión acelerada y detención prolongada de migrantes. Defensores de derechos humanos en ambos países señalan que estas políticas, combinadas con supervisión deficiente durante cierres presupuestarios, crean condiciones de riesgo para poblaciones vulnerables.

Por David Castro