Los cierres del gobierno no son abstracciones políticas. Son filas en aeropuertos, agentes sin pago y una señal de advertencia sobre la capacidad institucional del país más poderoso del mundo.

El número que mejor define la semana no viene de Wall Street ni de un informe de empleo. Viene de los pasillos de los aeropuertos estadounidenses: filas de hasta tres horas en los controles de seguridad de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), mientras agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) —entrenados para funciones radicalmente distintas— son desplegados para cubrir los puestos vacíos. El gobierno federal de Estados Unidos lleva días operando sin presupuesto aprobado, y las consecuencias ya no son teóricas.

El patrón que los datos ya conocen

Este no es territorio desconocido. Desde 1976, cuando el Congreso adoptó el proceso presupuestario moderno, el gobierno federal ha experimentado 21 cierres —denominados shutdowns— de distinta duración e intensidad. El más prolongado de la historia reciente ocurrió entre diciembre de 2018 y enero de 2019, bajo la administración Trump, y se extendió por 35 días. Durante ese período, la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés) estimó que el costo directo para la economía fue de 11,000 millones de dólares, de los cuales aproximadamente 3,000 millones nunca se recuperaron.

Lo que distingue al cierre actual no es su duración —aún relativamente breve— sino la naturaleza de las funciones que están siendo transferidas. Desplegar a agentes de ICE en los controles de la TSA no es un reajuste administrativo menor. Es la reasignación de personal especializado en detención migratoria y aplicación de la ley hacia tareas de seguridad de aviación civil, un campo que requiere certificaciones específicas y protocolos distintos. La Asociación de Pilotos Aéreos Allied, con más de 67,000 miembros activos, ha expresado ya sus reservas públicas al respecto.

La demanda del Pentágono: contexto numérico imprescindible

En paralelo a este caos operativo, el Departamento de Defensa ha presentado una solicitud de financiamiento adicional de 200,000 millones de dólares. Para dimensionar esa cifra: el presupuesto de defensa aprobado para el año fiscal 2024 fue de 886,000 millones de dólares, el más alto en la historia del país en términos nominales. La solicitud adicional representaría un incremento de aproximadamente el 22.6% sobre esa base.

La historia ofrece un punto de comparación útil. Durante los años pico de las guerras en Irak y Afganistán —entre 2007 y 2011—, el gasto de defensa como porcentaje del PIB llegó a situarse entre el 4.5% y el 4.8%. En el año fiscal 2023, esa proporción era del 3.1%. Si la solicitud del Pentágono fuera aprobada en su totalidad, ese porcentaje subiría de manera considerable, aunque la cifra exacta dependerá del crecimiento del PIB y del proceso de asignación legislativa.

Lo que los datos sugieren, al colocar ambos eventos en la misma línea temporal, es una paradoja presupuestaria significativa: el gobierno no tiene fondos suficientes para mantener operativa la seguridad aeroportuaria civil, pero simultáneamente solicita cientos de miles de millones adicionales para el aparato militar. No se trata de una contradicción ideológica —hay argumentos legítimos en ambos lados sobre prioridades de seguridad nacional—, sino de una tensión fiscal documentable que el Congreso tendrá que resolver.

El peso del contexto: Mueller y la memoria institucional

El fallecimiento de Robert Mueller a los 81 años llegó esta semana como un recordatorio involuntario sobre otra dimensión de la fortaleza institucional. Mueller dirigió el FBI durante 12 años, atravesando las administraciones de George W. Bush y Barack Obama. Su gestión incluyó la reestructuración de la agencia tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 y la reorientación de sus recursos hacia la contrainteligencia y el contraterrorismo.

Su figura es relevante en este análisis no por nostalgia, sino por lo que representa metodológicamente: la evidencia histórica indica que las instituciones de seguridad funcionan mejor cuando cuentan con continuidad operativa, financiamiento estable y mandatos claros. El período de mayor transformación institucional del FBI —entre 2001 y 2013, bajo Mueller— estuvo acompañado de incrementos presupuestarios sostenidos y de una cadena de mando sin interrupciones. El contraste con la situación actual, donde agencias son reorientadas sobre la marcha por déficits presupuestarios, es factualmente notable.

Las implicaciones que la evidencia señala

Tres tendencias emergen de los datos disponibles:

Primera: Los cierres prolongados tienen un efecto documentado sobre la rotación de personal en agencias federales. Un estudio del Instituto de Política Económica analizó los cierres de 2013 y 2018-2019 y encontró que la tasa de renuncia voluntaria entre empleados federales aumentó entre un 15% y un 20% en los seis meses posteriores a cada cierre. La TSA, que ya enfrenta desafíos crónicos de contratación y retención, es especialmente vulnerable a este efecto.

Segunda: La improvisación operativa tiene costos de largo plazo. Cada vez que una agencia debe cubrir funciones para las que no fue diseñada, se generan brechas de capacitación, exposición a responsabilidades legales y deterioro del desempeño en sus funciones originales. ICE cubriendo puestos de la TSA no es una solución neutral: tiene un costo de oportunidad medible en ambas agencias.

Tercera: La solicitud de 200,000 millones del Pentágono llegará al Congreso en un ambiente de máxima polarización fiscal. La probabilidad histórica de que solicitudes de esa magnitud sean aprobadas sin recortes significativos es baja: en los últimos 15 años, ninguna solicitud de financiamiento suplementario de defensa por encima de los 50,000 millones ha pasado por el Congreso sin modificaciones sustanciales, según el registro del CBO.

Lo que los datos concluyen

La combinación de estos tres eventos —cierre del gobierno, despliegue improvisado de ICE en aeropuertos y solicitud de financiamiento récord del Pentágono— no es una serie de historias separadas. Es un mapa de las tensiones estructurales del sistema presupuestario federal estadounidense.

La evidencia histórica indica que los países con mayor capacidad para implementar presupuestos a tiempo, incluso en períodos de polarización política, muestran consistentemente mejores indicadores de estabilidad institucional a mediano plazo. El índice de gobierno efectivo del Banco Mundial ubica a Estados Unidos en el percentil 89 a nivel global —una posición sólida, pero que ha mostrado una tendencia descendente sostenida desde 2010.

Los datos no dicen que el sistema esté en colapso. Dicen que está sometido a una presión creciente, que los mecanismos de ajuste son cada vez más costosos y que el margen para la improvisación se estrecha con cada ciclo.

Si no lo puedes probar, no lo publiques. Y lo que se puede probar esta semana es esto: gobernar sin presupuesto tiene un precio, y alguien siempre lo termina pagando.

Por Maria Ortega