Trump activa orden ejecutiva para pagar TSA en medio de negociaciones; cierre parcial alcanza 40 días
El Senado de los Estados Unidos aprobó a primera hora del viernes 27 de marzo un proyecto de ley para financiar la mayoría del Departamento de Seguridad Nacional, marcando un paso hacia la resolución de una crisis de cierre parcial que ha durado 40 días. Sin embargo, el financiamiento aprobado excluye explícitamente fondos para Servicios de Inmigración y Aduanas (ICE), manteniendo vivas las divisiones políticas sobre prioridades presupuestarias en materia de seguridad fronteriza.
En paralelo, el presidente Trump anunció que firmará una orden ejecutiva para garantizar el pago de los agentes de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA), quienes enfrentaban otro cheque no pagado el mismo viernes. Este movimiento ejecutivo ocurre mientras senadores de ambos partidos revisan una oferta final para resolver el estancamiento de financiamiento. "Los trabajadores de TSA merecen ser pagados mientras el Congreso completa sus negociaciones", indicó un portavoz de la Casa Blanca en comunicado.
La aprobación del Senado representa un desarrollo significativo tras semanas de paralización de agencias federales. Las largas filas de seguridad en aeropuertos estadounidenses, atribuidas en gran medida a la falta de personal completo en TSA, finalmente podrían terminar con este financiamiento. No obstante, la exclusión de ICE del proyecto de ley refleja desacuerdos fundamentales sobre cómo priorizar el presupuesto de seguridad nacional.
Contexto de la disputa presupuestaria
El cierre parcial que comenzó hace 40 días ha sido uno de los más prolongados en años recientes. La administración Trump ha solicitado fondos significativos para agencias de control migratorio y deportación, mientras demócratas del Senado han resistido incluir financiamiento completo para ICE en proyectos de ley de corta duración. Republicanos argumentan que ICE es esencial para la seguridad nacional; demócratas señalan críticas sobre las prácticas de detención de la agencia.
"El Senado ha aprobado un financiamiento responsable que mantiene las operaciones de seguridad mientras continuamos las negociaciones sobre asuntos más controvertidos", declaró un senador demócrata en el plenario del viernes. Por su parte, republicanos expresaron frustración por la exclusión de ICE. "La seguridad fronteriza no puede ser selectiva. Necesitamos fondos completos para todas las agencias relevantes", respondió un portavoz del liderazgo republicano.
La orden ejecutiva de Trump para pagar a TSA es un mecanismo que permite a la administración mantener operaciones críticas durante cierres parciales. Sin embargo, tal acción no resuelve cuestiones presupuestarias a largo plazo ni puede financiar completamente todas las agencias federales afectadas.
Implicaciones para las operaciones aeroportuarias
Los aeropuertos estadounidenses han experimentado retrasos significativos durante el cierre. El financiamiento aprobado por el Senado debería aliviar muchas de estas presiones al permitir que TSA mantenga niveles completos de personal de seguridad. Las compañías aéreas y operadores aeroportuarios han presionado repetidamente al Congreso para resolver el estancamiento.
Sin embargo, la ausencia de fondos para ICE deja sin resolver debates más amplios sobre prioridades de seguridad nacional y políticas migratorias. Estas disputas probablemente continuarán en futuras negociaciones presupuestarias, potencialmente generando ciclos repetidos de cierre parcial.
La crisis de financiamiento ha puesto en relieve las divisiones persistentes entre demócratas y republicanos sobre seguridad fronteriza y migración. Mientras que el Senado ha logrado aprobar fondos para mantener operaciones aeroportuarias esenciales, la exclusión de ICE sugiere que compromisos más amplios sobre política migratoria permanecen distantes.
Este desarrollo refleja un patrón recurrente en la política presupuestaria estadounidense: la aprobación de fondos para servicios visibles y públicamente presionados —como seguridad aeroportuaria— mientras asuntos más polémicos permanecen en disputa. La duración del cierre, ahora con 40 días, subraya el costo de las negociaciones legislativas prolongadas en operaciones federales críticas.
La resolución parcial alcanzada por el Senado proporciona alivio inmediato, pero las cuestiones más complejas sobre prioridades de seguridad nacional permanecen sin resolver.
Por Adriana Lim