La votación del viernes abre camino para normalizar operaciones en aeropuertos, pero deja sin recursos a la agencia de inmigración

El Senado de los Estados Unidos aprobó en la madrugada del viernes 27 de marzo un proyecto de ley para financiar la mayoría del Departamento de Seguridad Nacional, marcando un punto de quiebre en una crisis de cierre parcial que había paralizado parcialmente operaciones federales durante 40 días consecutivos.

La medida excluye explícitamente fondos para Servicios de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), la agencia encargada de la detención y deportación de inmigrantes indocumentados. Esta ausencia representa una decisión política significativa que refleja divisiones en el Congreso respecto a la asignación presupuestaria para operaciones migratorias.

El impacto inmediato en los viajeros

Durante los 40 días de cierre parcial, los aeropuertos estadounidenses experimentaron congestión crónica en los puntos de control de seguridad. La Administración de Seguridad del Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) operó con personal no remunerado, lo que generó ausentismo del 3% al 7% en algunos centros de screening y esperas que superaban dos horas en terminales de alto flujo como Nueva York y Los Ángeles.

La aprobación del financiamiento del DHS —que cubre operaciones de la TSA, la Guardia Costera y la Agencia de Protección de Fronteras y Aduanas— permite la reanudación de pagos regulares y debería normalizar la disponibilidad de personal en los próximos días. Esto restituye la capacidad operativa de estas agencias después de más de un mes de funcionamiento degradado.

Fondos para ICE: la batalla política continúa

La exclusión de asignaciones para ICE en este proyecto no significa que la agencia permanezca sin financiamiento de manera permanente. Sin embargo, refleja un impasse legislativo sobre inmigración.

ICE requiere fondos para mantener aproximadamente 38,000 camas de detención diaria distribuidas en cárceles federales, estatales y privadas. Una ausencia prolongada de fondos comprometería su capacidad operativa, aunque los fondos aprobados previamente en el año fiscal podrían mantener operaciones básicas durante semanas adicionales, dependiendo del ritmo de gasto.

Este es el contexto: el Senado, con control demócrata hasta hace poco, ha sido históricamente reticente a incrementar fondos para detención migratoria, argumentando que contribuye a separaciones familiares. El Partido Republicano, en contraste, ha presionado consistentemente por incrementos en el presupuesto de ICE como parte de su agenda de seguridad fronteriza. La aprobación del financiamiento del DHS sin ICE representa, en este contexto, un compromiso parcial que atiende la presión de normalizar operaciones aeroportuarias urgentes mientras mantiene una posición de contención en inmigración.

Perspectiva histórica de los cierres parciales

Esta es la segunda crisis de financiamiento federal de envergadura desde 2019. El cierre de 2018-2019 duró 35 días, causando pérdidas económicas estimadas en 11,000 millones de dólares según análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso. El cierre actual de 40 días, si bien más breve que algunos episodios históricos, genera disrupciones comparables.

Los cierres parciales son, técnicamente, situaciones donde las agencias financiadas mediante asignaciones discrecionales anuales no reciben autorización legislativa para continuar operando. El DHS, TSA y otras agencias federales se ven obligadas a funcionar con "fondos de obligación" —es decir, recursos identificados pero no distribuidos— o con personal no remunerado hasta que el Congreso apruebe financiamiento.

Próximos pasos legislativos

La aprobación del financiamiento del DHS representa una victoria táctica para la administración y para los viajeros, pero el asunto de ICE permanece sin resolver. Es probable que el Congreso presente otra medida para abordar el financiamiento de ICE en los próximos días, lo cual reabrirá negociaciones sobre los términos políticos del control migratorio.

La votación del Senado, aunque alivia la presión inmediata sobre aeropuertos y seguridad del transporte, no cierra la disputa presupuestaria más amplia. Más bien, la traslada a una próxima ronda legislativa con los términos de la negociación ahora más claramente delineados.

Por Ricardo Sanchez