Cuando los números de defensa chocan con la realidad operativa, la economía y la historia

La cifra es difícil de ignorar: la administración Trump ha solicitado un presupuesto de defensa de 1.5 billones de dólares para el año fiscal 2027, lo que representaría el mayor gasto militar en la historia de los Estados Unidos en términos nominales. Antes de debatir si esa cifra es prudente o excesiva, conviene dejar que los datos establezcan el terreno.

Lo que dice la historia del gasto militar

El presupuesto de defensa de los Estados Unidos para 2024 fue de aproximadamente 886,000 millones de dólares, según datos del Departamento de Defensa. La solicitud de 1.5 billones para 2027 implicaría un incremento de alrededor del 69% en tres años. Para contextualizar esa magnitud: el mayor aumento porcentual sostenido en gasto de defensa en tiempos recientes ocurrió entre 2001 y 2003, cuando el presupuesto creció aproximadamente un 40% en respuesta a los atentados del 11 de septiembre y el inicio de las guerras en Afganistán e Irak. La cifra propuesta ahora supera ese precedente histórico en proporciones considerables.

Expresado como porcentaje del Producto Interno Bruto, el gasto de defensa de Estados Unidos rondó el 3.4% del PIB en 2024. El 1.5 billones solicitado, aplicado sobre proyecciones de PIB para 2027, elevaría esa proporción a entre 5% y 5.5%, un nivel que no se ha visto desde los años de la Guerra de Corea a principios de la década de 1950. Durante la Guerra Fría, el promedio fue de aproximadamente 7%, pero ese contexto incluía una movilización estructural de décadas ante una amenaza nuclear existencial y claramente definida.

Los reveses operativos que complican el argumento

En paralelo con la solicitud presupuestaria, esta semana se confirmó que dos aeronaves militares estadounidenses perdieron operatividad en el teatro de operaciones relacionado con el conflicto con Irán, que se encuentra en su quinta semana. Los detalles operativos completos no han sido divulgados por el Pentágono, pero el hecho en sí plantea una pregunta que los datos de adquisición de equipos ayudan a responder.

El portaaviones USS Gerald R. Ford, el buque de guerra más costoso jamás construido con un precio de aproximadamente 13,000 millones de dólares, enfrentó más de 20 fallas en sus sistemas de catapulta electromagnética entre 2017 y 2019, según informes de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO, por sus siglas en inglés). El avión de combate F-35, cuyo programa acumula un costo total proyectado superior a 1.7 billones de dólares a lo largo de su vida útil, registró una tasa de disponibilidad operativa de apenas el 55% en 2022, según el mismo organismo de control. La lección que los datos históricos de adquisición militar sugieren es que el volumen del gasto no garantiza, por sí solo, la disponibilidad operativa.

La economía como variable no menor

El dato de empleo publicado esta semana ofrece otro ángulo de análisis. La economía estadounidense generó 178,000 empleos en marzo, superando las expectativas del consenso de analistas, que proyectaban alrededor de 150,000. La tasa de desempleo se mantuvo estable. Este dato indica una economía que, en superficie, conserva resiliencia.

Sin embargo, la deuda pública federal de los Estados Unidos supera los 34 billones de dólares, y el Congreso ya enfrenta presión presupuestaria significativa desde múltiples frentes. Los modelos del Congressional Budget Office (CBO) proyectan que el déficit federal superará el 6% del PIB en los próximos años sin cambios legislativos. Un aumento de gasto de defensa de la magnitud propuesta, sin un mecanismo de financiamiento identificado, añadiría una presión adicional sobre esas proyecciones. La experiencia histórica de los años Reagan —cuando el gasto de defensa creció sustancialmente y el déficit se expandió con él— ofrece un precedente que los analistas fiscales suelen citar en este tipo de debates.

Canadá y la recompra de armas: el problema de la ejecución

A menos de 2,000 kilómetros al norte, otra cifra merece atención: Canadá ha alcanzado apenas el 50% de su meta en el programa de recompra de armas prohibidas. El programa, diseñado para retirar de circulación ciertas categorías de armas de fuego, fue anunciado con objetivos ambiciosos y presupuesto asignado. El dato del 50% de cumplimiento no es un juicio sobre la política en sí, sino sobre la brecha entre la asignación de recursos y los resultados medibles. Esta brecha, bien documentada en programas gubernamentales de múltiples países, es relevante al evaluar cualquier solicitud de gasto de gran escala: el dinero comprometido y el impacto logrado son categorías distintas.

Los estudios del Instituto Watson de Brown University sobre el costo de las guerras post-11 de septiembre calculan que Estados Unidos gastó más de 8 billones de dólares en conflictos militares entre 2001 y 2022. Durante ese mismo período, actores no estatales y potencias medianas demostraron capacidad para desafiar operaciones estadounidenses con equipos de fracción del costo. La relación entre gasto y resultado estratégico en ese período no es lineal.

Artemis como contrapunto cuantitativo

Mientras el debate presupuestario militar ocupa el centro del escenario político, la misión Artemis II alcanzó esta semana el punto medio de su trayectoria hacia la Luna con tripulación a bordo. El presupuesto de la NASA para 2024 fue de aproximadamente 25,000 millones de dólares —menos del 3% de lo que se solicita para defensa en 2027—. El programa Artemis, con todos sus retrasos y sobrecostos documentados, representa una inversión en capacidades científicas, tecnológicas e industriales cuyo retorno económico, según estimaciones de la consultora Deloitte encargada por la NASA, genera entre 7 y 10 dólares de actividad económica por cada dólar invertido en el largo plazo. La comparación no busca establecer una jerarquía de prioridades nacionales, sino ilustrar que la asignación presupuestaria refleja una elección, y que las elecciones tienen costos de oportunidad medibles.

Lo que los datos permiten concluir

La solicitud de 1.5 billones en defensa ocurre en un contexto de múltiples presiones simultáneas: un conflicto activo con evidencia de pérdidas operativas, una deuda federal en niveles históricamente elevados, y un historial documentado de brechas entre gasto militar y disponibilidad de equipos. Los datos no dicen que el gasto sea incorrecto; dicen que la magnitud del incremento solicitado no tiene precedente en tiempos recientes fuera de contextos de movilización total, y que la historia de grandes programas de adquisición sugiere que más dinero no resuelve automáticamente problemas de eficiencia operativa.

Lo que la evidencia sí indica con claridad es que el Congreso —que deberá aprobar o modificar esta solicitud— enfrentará una decisión sin precedente reciente en términos de su impacto fiscal. Y que los ciudadanos que pagan esa factura merecen que el debate se conduzca con las cifras reales sobre la mesa, no detrás de ellas.

Por Maria Ortega