La solicitud de un presupuesto de defensa de 1,5 billones de dólares revela visiones radicalmente distintas sobre el poder, el riesgo y el dinero público

Hay semanas en que los titulares parecen diseñados para contradecirse entre sí. Esta es una de ellas. Mientras la Administración Trump solicita al Congreso un presupuesto de defensa de 1,5 billones de dólares para el año fiscal 2027 —la cifra más alta jamás pedida por un ejecutivo estadounidense—, dos aeronaves militares de ese mismo país pierden operatividad en el contexto del conflicto con Irán, ya en su quinta semana. Al mismo tiempo, la economía genera 178,000 empleos en marzo, superando las expectativas. Y a pocas horas de vuelo, Artemis II avanza hacia la Luna con tripulación a bordo.

Este collage de noticias no es casual ni anecdótico. Es el espejo de una pregunta que no tiene una respuesta única: ¿cuánto debe gastar una potencia en defenderse, y a qué costo para todo lo demás? Dependiendo de desde dónde se mire, la respuesta cambia de forma radical.

Desde Washington: la lógica del poder que no puede permitirse parecer débil

Para quienes defienden la solicitud presupuestaria de la Administración Trump, el razonamiento tiene una coherencia interna que no debe subestimarse. Estados Unidos opera en un entorno estratégico que se ha deteriorado con rapidez: la rivalidad con China se intensifica en el Pacífico, Rusia mantiene su presión sobre Europa oriental, y el conflicto con Irán —ahora en su quinta semana— ha demostrado que incluso las plataformas más sofisticadas son vulnerables en condiciones operativas reales. La pérdida de operatividad de dos aeronaves en ese teatro no es un detalle menor; es un argumento.

Desde esta perspectiva, 1,5 billones de dólares no es un gasto: es una inversión en disuasión. La teoría subyacente es que la paz se mantiene cuando el costo de atacar es percibido como inaceptable por el adversario. Gastar menos, según este enfoque, no reduce la probabilidad del conflicto; la incrementa. El Pentágono ha argumentado durante décadas que la modernización de flotas, el desarrollo de tecnología hipersónica y el fortalecimiento de la presencia en regiones clave requieren recursos sostenidos, no recortes cíclicos.

El dato de empleo de marzo —178,000 puestos nuevos, por encima de lo proyectado— alimenta este argumento desde otro ángulo: si la economía resiste, el margen fiscal para sostener ese gasto existe. No es irresponsabilidad; es prioridad estratégica.

Desde los aliados europeos y canadienses: el gasto sin rendición de cuentas

La lectura cambia considerablemente al cruzar las fronteras. Para muchos analistas en Europa y Canadá, la cifra de 1,5 billones de dólares genera una incomodidad que va más allá de la envidia o la admiración. Genera preguntas.

Canadá, por ejemplo, acaba de revelar que su programa de recompra de armas prohibidas —una política de seguridad interior mucho más modesta en escala— ha alcanzado apenas el 50% de su meta. La brecha entre ambición declarada y ejecución real es un recordatorio de que los presupuestos de seguridad rara vez funcionan como se anuncian. Si una democracia occidental no puede implementar un programa de recompra de armas con los recursos que tiene, ¿qué garantiza que 1,5 billones de dólares se traduzcan en capacidad real y no en contratos inflados, proyectos demorados y sistemas que llegan tarde?

Esta perspectiva no es pacifista. Es gerencial. Muchos de los aliados de Washington en la OTAN han aumentado su gasto en defensa tras la invasión rusa de Ucrania, pero insisten en que la eficiencia importa tanto como el volumen. El Reino Unido, Francia y Alemania han impulsado revisiones internas de sus adquisiciones militares precisamente porque descubrieron que más dinero no siempre equivale a más capacidad operativa.

La pérdida de operatividad de dos aeronaves estadounidenses en Irán se lee desde esta orilla como un síntoma, no como un argumento para gastar más. Si el equipo ya existente falla bajo presión real, el problema puede ser de doctrina, mantenimiento o logística —no necesariamente de presupuesto.

Desde el interior de Estados Unidos: la tensión entre cañones y programas sociales

Hay una tercera lectura, doméstica, que con frecuencia queda aplastada por el debate geopolítico pero que tiene su propio peso político.

El mismo Congreso que recibirá la solicitud de 1,5 billones de dólares en defensa está procesando simultáneamente propuestas de recortes en programas de salud, educación e infraestructura. Para sectores del Partido Demócrata y para algunos republicanos moderados, la aritmética es sencilla y brutal: cada dólar destinado a un portaaviones es un dólar que no va a una clínica rural, a una escuela pública o a la reparación de un puente.

Los 178,000 empleos creados en marzo son una buena noticia, pero el desempleo no es el único indicador del bienestar económico. La inflación, el costo de la vivienda y el acceso a servicios siguen siendo fuentes de tensión en comunidades que no ven en el presupuesto de defensa una solución a sus problemas cotidianos.

En este contexto, Artemis II aparece como una metáfora ambivalente. La misión hacia la Luna es un logro científico genuino, un testimonio de lo que el Estado puede hacer cuando invierte con visión de largo plazo. Pero también es cara. Y en un país donde el debate sobre prioridades fiscales es permanente, la imagen de astronautas en camino a la Luna coexiste con la pregunta de qué queda en casa.

El prisma que no tiene un único ángulo correcto

Lo que esta semana deja en evidencia no es que un lado tenga razón y el otro esté equivocado. Es que todas estas lecturas son simultáneamente válidas y simultáneamente incompletas.

Quienes defienden el gasto en defensa tienen razón en señalar que el mundo es peligroso y que la disuasión tiene un precio real. Quienes exigen rendición de cuentas tienen razón en señalar que el tamaño del presupuesto no garantiza su eficacia. Y quienes señalan el costo de oportunidad tienen razón en recordar que los recursos públicos son finitos y que cada elección implica una renuncia.

Lo que varía, dependiendo del lugar desde el que se observa, es qué peso relativo se le asigna a cada uno de esos argumentos. Desde el Pentágono, la amenaza externa es el dato central. Desde Ottawa o Bruselas, la eficiencia del gasto es la variable que más importa. Desde una ciudad media de Ohio o Jalisco, la pregunta más urgente puede ser otra completamente diferente.

Este es el privilegio —y la responsabilidad— de vivir en democracias que todavía permiten el debate. La cifra de 1,5 billones no es la última palabra. Es el comienzo de una conversación que, para ser honesta, necesita todas esas voces.

Por Arturo Jimenez