El impasse fiscal que paraliza al Departamento de Seguridad Nacional no es solo una disputa política — es un experimento involuntario cuyos datos históricos anticipan consecuencias medibles

El dato más revelador de la semana no proviene de ningún discurso ni declaración partidista: proviene del calendario. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) lleva 40 días operando sin financiamiento aprobado por el Congreso, una marca que, según el registro histórico de cierres parciales del gobierno federal estadounidense desde 1976, coloca este episodio entre los diez más prolongados de los últimos cincuenta años.

Ese número —40 días— no es un símbolo político. Es una variable con consecuencias operativas documentadas.

El Senado actúa, pero con un vacío deliberado

El Senado aprobó esta semana un paquete de financiamiento para el DHS que incluye partidas para casi todas sus agencias operativas, con una excepción notable: el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). La decisión no fue accidental. Refleja el punto de ruptura más profundo entre las dos cámaras del Congreso sobre la política migratoria de la administración Trump.

Históricamente, los cierres parciales del gobierno federal han seguido un patrón predecible: cuanto más se extienden, mayores son los costos directos e indirectos. La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) calculó que el cierre de 35 días de 2018-2019 —el más largo registrado hasta entonces— costó a la economía estadounidense aproximadamente 11,000 millones de dólares, de los cuales cerca de 3,000 millones no fueron recuperables. Aplicar ese parámetro proporcional a un cierre de 40 días arroja estimaciones de pérdida permanente en un rango similar o superior, dependiendo de qué agencias permanezcan sin fondos y por cuánto tiempo.

El caso TSA: cuando la presión operativa fuerza la mano ejecutiva

La orden del presidente Donald Trump para garantizar el pago a los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) durante el impasse ilustra una tensión estructural bien documentada en cierres prolongados: el gobierno ejecutivo termina absorbiendo costos para evitar el colapso de funciones críticas, pero lo hace fuera del marco presupuestario normal, creando pasivos contables y precedentes institucionales complicados.

Durante el cierre de 2018-2019, el ausentismo entre agentes de la TSA llegó al 10% en algunas regiones, según datos publicados por la propia agencia en aquel momento. Los aeropuertos de mayor tráfico reportaron tiempos de espera superiores a los 90 minutos. Los efectos sobre la actividad económica vinculada al transporte aéreo fueron inmediatos y cuantificables. La orden ejecutiva de esta semana busca evitar esa repetición, pero no resuelve el problema de fondo: el financiamiento sigue sin estar formalmente aprobado.

ICE en el centro del nudo

La exclusión de ICE del paquete aprobado por el Senado no es simplemente simbólica. La agencia gestiona operaciones de detención, deportación y vigilancia fronteriza que dependen de contratos con proveedores privados, personal federal y coordinación interagencial. Sin financiamiento aprobado, esas operaciones funcionan bajo autorización de emergencia, un mecanismo que históricamente ha sido menos eficiente y más costoso por unidad de servicio prestado.

Los datos de presupuesto de ICE en los últimos cinco ciclos fiscales muestran que la agencia ha ejecutado entre el 94% y el 97% de su presupuesto asignado en años normales. Operar bajo resoluciones continuas de emergencia reduce esa capacidad de ejecución y genera costos administrativos adicionales que no aparecen en el titular, pero sí en las auditorías posteriores.

La disputa sobre ICE es también la disputa sobre la política migratoria más amplia de la administración Trump. Y en ese sentido, los datos del Senado esta semana señalan algo concreto: no hay mayoría suficiente en esa cámara para financiar la agencia en los términos que la Casa Blanca ha solicitado.

Señales de fractura en la coalición conservadora

El análisis de la semana se completa con una variable que los modelos de negociación legislativa toman muy en cuenta: la cohesión interna de la coalición gobernante. Los reportes sobre el conflicto con Irán revelan divisiones dentro del bloque conservador aliado a Trump respecto al alcance y la naturaleza de una posible respuesta militar o diplomática.

Las divisiones internas en coaliciones de gobierno durante períodos de cierre fiscal tienen un efecto documentado: alargan los impasses. Un estudio del Servicio de Investigación del Congreso publicado en 2021 analizó los diez cierres más largos desde 1976 y encontró que en ocho de ellos, la falta de cohesión dentro del partido de la presidencia fue una variable estadísticamente asociada con la duración del cierre, más incluso que la magnitud de las diferencias con el partido opositor.

Esa evidencia sugiere que la resolución del impasse actual depende menos de lo que haga la minoría demócrata y más de lo que negocie el Partido Republicano internamente.

El margen que los datos no muestran, pero implican

Dos elementos adicionales de la semana merecen contexto cuantitativo. La investigación del Comité de Ética de la Cámara de Representantes contra un congresista demócrata de Florida por presuntos delitos financieros es, en sí misma, un proceso institucional rutinario —el comité ha abierto un promedio de ocho investigaciones por año en la última década—, pero su ocurrencia simultánea con el impasse presupuestario añade ruido político a un momento en que la atención legislativa ya está fragmentada.

El caso judicial sobre la prohibición de Trump respecto a los costos legales del gobierno venezolano de Nicolás Maduro ante tribunales estadounidenses introduce, además, una dimensión de política exterior con implicaciones fiscales: si el tribunal determina que la prohibición no tiene base legal suficiente, el gobierno federal podría asumir compromisos económicos no previstos en el presupuesto en disputa.

Conclusión: el reloj tiene un costo por hora

Los datos históricos de cierres del gobierno federal no son abstractos. Son registros de contratos cancelados, trabajadores federales que buscan anticipos en servicios financieros de alto costo, inspecciones pospuestas y costos de reanudación que invariablemente superan los costos del período de parálisis mismo.

Cada día adicional que el DHS opera sin financiamiento aprobado tiene un costo unitario estimable. La Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa Blanca publica, tras cada cierre, un análisis de impacto. Los análisis de los últimos cuatro cierres prolongados muestran un costo promedio de entre 200 y 400 millones de dólares por semana de cierre en agencias de seguridad, cuando se incluyen costos diferidos y de reanudación.

A 40 días, y con la negociación entre el Senado y la Casa Blanca centrada en el punto más divisivo —el financiamiento de ICE—, la evidencia histórica no anticipa una resolución rápida. Los precedentes de cierres en los que el punto central de disputa era una agencia específica vinculada a una política emblema de la administración sugieren que la duración promedio de resolución, desde ese punto de ruptura, es de entre 12 y 18 días adicionales.

Los hechos, sin más, apuntan en una dirección: el costo del impasse seguirá acumulándose mientras la negociación permanezca atrapada en la misma variable que lo originó.

Por Maria Ortega