Familiares exigen respuestas a Gobernación tras promesas incumplidas de investigación y búsqueda

Familiares de personas desaparecidas del Estado de México han presentado denuncias formales contra autoridades federales y estatales por el incumplimiento sistemático de acuerdos relacionados con la investigación y búsqueda de desaparecidos, según reporta Desinformémonos.

Los compromisos incumplidos incluyen protocolos de investigación, seguimiento de casos y esfuerzos coordinados de búsqueda que fueron formalmente asumidos por dependencias federales y del gobierno estatal. Las buscadoras —mujeres que se han organizado para localizar a sus familiares desaparecidos— han documentado el abandono de estas obligaciones a lo largo de meses, lo que ha resultado en la paralización de procesos clave para la localización de personas.

El Estado de México, con aproximadamente 16 millones de habitantes, ha sido escenario de miles de desapariciones documentadas. La región enfrenta una combinación de factores que complican la búsqueda: cobertura geográfica extensa, presencia de grupos criminales, y en varios casos, presuntas complicidades de funcionarios locales. Los acuerdos que ahora se denuncia que incumplen representaban para las familias un mecanismo para presionar a las autoridades hacia la acción coordinada.

La Secretaría de Gobernación es el destinatario principal de las demandas de respuesta. Este organismo federal tiene competencia en materia de derechos humanos y coordina la estrategia nacional sobre personas desaparecidas, incluyendo la operación del Centro de Búsqueda Especializado en Personas Desaparecidas y No Localizadas (CEPRODEP). Las buscadoras exigen claridad sobre qué acuerdos específicos permanecen sin cumplirse y una cronología de las fallas.

El contexto es crítico: México registra, según cifras oficiales de la Comisión Nacional de Búsqueda, más de 100,000 personas desaparecidas en los últimos dos décadas. El Estado de México concentra una proporción significativa de estos casos. Aunque existen protocolos federales como la Alerta Amber para menores y la Alerta de Desaparición Forzada, la implementación local ha sido inconsistente.

Las organizaciones de buscadoras han ganado visibilidad en años recientes precisamente por documentar estas brechas entre promesas y ejecución. Operan con frecuencia en zonas donde las autoridades tienen presencia limitada o cuestionada, utilizando recursos propios —excavadoras rentadas, voluntarios, inteligencia de redes locales— para buscar clandestinos y fosas clandestinas.

El incumplimiento de acuerdos refleja un patrón más amplio documentado por organismos de derechos humanos: la falta de coordinación interinstitucional, cambios de administraciones que interrumpen continuidad en casos, y en algunos casos, la ausencia de consecuencias para funcionarios que no cumplen sus obligaciones. Cuando una familia logra que autoridades firmen un acuerdo de búsqueda coordinada, esperan que ese documento genere acciones concretas: búsquedas en zonas específicas, acceso a registros de criminales, coordinación con ministerios públicos. La denuncia de incumplimiento sugiere que ninguno de estos compromisos está operando como fue prometido.

La situación pone presión sobre las autoridades federales en un momento en que el tema de desapariciones sigue siendo políticamente sensible. Las administraciones sucesivas han presentado estrategias variadas —desde mayor presencia militar hasta iniciativas de búsqueda comunitaria— pero los números de desaparecidos siguen creciendo.

Para las familias involucradas, el incumplimiento no es un problema administrativo abstracto. Cada promesa no cumplida representa meses o años donde un desaparecido podría haber sido localizado si los recursos coordinados se hubieran movilizado como se acordó. Las buscadoras ahora exigen no solo que se cumplan los acuerdos existentes, sino que se establezcan mecanismos de supervisión que aseguren que los compromisos futuros sean vinculantes y verificables.

Por David Castro