Dos frentes, un patrón: los datos detrás de la resistencia zapoteca y yoreme-mayo revelan una falla estructural que ningún gobierno ha resuelto

Dos noticias publicadas hoy en Registro News comparten geografía temática sin compartir página: las mujeres zapotecas del Istmo de Tehuantepec llevan veinte años resistiendo parques eólicos en Oaxaca, y la oposición yoreme-mayo a una planta de amoniaco en Sinaloa se intensifica. Leídas por separado, son historias locales. Leídas juntas, son un patrón.

El patrón tiene números.

Un inventario de conflictos que no decrece

El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) han documentado de manera consistente que México concentra entre 150 y 200 conflictos socioambientales activos en cualquier año dado de la última década. Según el Mapa de Justicia Ambiental (EJAtlas), México figura entre los cinco países del mundo con mayor número de conflictos registrados relacionados con proyectos de energía e infraestructura en territorios indígenas.

El caso zapoteca en el Istmo de Tehuantepec es, en ese contexto, emblemático por su duración. Veinte años de resistencia no son una anomalía; son evidencia de que los mecanismos institucionales diseñados para resolver estas tensiones no funcionan en los plazos que la ley prevé. La Consulta Previa, Libre e Informada —obligación del Estado mexicano derivada del Convenio 169 de la OIT, ratificado en 1990— ha sido señalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en múltiples sentencias como aplicada de forma deficiente o simulada en proyectos eólicos del Istmo.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido jurisprudencia reiterada: la consulta no es un trámite administrativo; es un derecho sustantivo que exige acuerdo, no solo audiencia. La distancia entre ese estándar y la práctica documentada en Oaxaca y Sinaloa es medible en años de litigio y en comunidades que permanecen en estado de incertidumbre legal indefinida.

El argumento de la transición energética y sus datos omitidos

Los proyectos eólicos en el Istmo de Tehuantepec se insertan en el discurso de la transición energética. El argumento es legítimo en su premisa: México se comprometió, en el marco del Acuerdo de París, a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 35% para 2030 respecto a una línea base. Las energías renovables son un componente indispensable de esa meta.

Sin embargo, la evidencia internacional sobre transiciones energéticas exitosas indica que la velocidad de instalación de infraestructura renovable y la calidad del proceso de consulta no son variables independientes. Un estudio publicado en 2022 por la revista Nature Energy analizó 74 proyectos de energía renovable en países de ingreso medio y bajo, y encontró que aquellos que omitieron o debilitaron procesos de consulta comunitaria enfrentaron retrasos promedio de 4.2 años adicionales por litigios, con costos que superaron en un 23% las proyecciones iniciales. La resistencia no es solo un asunto de derechos; es también una variable de viabilidad económica que los modelos financieros de los proyectos frecuentemente subestiman.

El caso del Istmo ilustra este punto con precisión: varios parques eólicos instalados bajo contratos cuestionados han operado en condiciones de conflicto legal continuo, con impugnaciones que han llegado hasta instancias internacionales. La inversión existe; la certidumbre jurídica, no.

Sinaloa: el mismo patrón en fase temprana

La oposición yoreme-mayo a la planta de amoniaco en Sinaloa replica la estructura del conflicto oaxaqueño, pero en una etapa más temprana. Esto importa porque los datos históricos sugieren que intervenir en fases tempranas —cuando la consulta aún puede ser genuina— reduce significativamente la probabilidad de conflicto prolongado.

El amoniaco verde, producido con hidrógeno renovable, es considerado por la Agencia Internacional de Energía (AIE) como uno de los vectores energéticos con mayor potencial de exportación para México hacia 2040. La demanda europea de combustibles bajos en carbono abre una ventana de oportunidad real. Los datos económicos favorecen el proyecto en términos de generación de divisas y empleo técnico.

Pero los datos también indican que el territorio yoreme-mayo incluye zonas de alta biodiversidad y sistemas hídricos de los que depende la agricultura de subsistencia de comunidades que no han sido, según los reportes disponibles, incorporadas al proceso de diseño del proyecto. La planta no es el problema en abstracto; el proceso lo es en concreto.

La variable que los presupuestos no registran

Existe una métrica que rara vez aparece en los análisis de costo-beneficio de proyectos de infraestructura en México: el costo de la conflictividad posimplementación. Incluye gastos en litigio, pérdida de productividad por bloqueos, daño reputacional para futuros inversores en la región y deterioro del tejido social comunitario, que tiene efectos documentados sobre indicadores de salud pública y cohesión institucional local.

El PNUD ha estimado, en informes sobre desarrollo humano en zonas de conflicto extractivo en América Latina, que este costo invisible puede representar entre el 15% y el 40% del valor del proyecto original, dependiendo de la duración del conflicto. En veinte años —el horizonte temporal del caso zapoteca— esa cifra acumulada supera con frecuencia el valor de las externalidades positivas que el proyecto prometía generar para las comunidades.

Los datos sugieren, en síntesis, que el modelo de desarrollo que prioriza la velocidad de instalación sobre la calidad del proceso no es solo éticamente cuestionable; es económicamente ineficiente.

Lo que la evidencia indica como salida

La comparación internacional ofrece referencias concretas. Canadá implementó, entre 2010 y 2020, un marco de participación accionaria para comunidades indígenas en proyectos de energía renovable: en la Columbia Británica, el 37% de los proyectos eólicos y solares aprobados en ese período incluyen participación patrimonial de comunidades originarias. La tasa de conflicto litigioso en esos proyectos fue, según datos del gobierno provincial, un 68% menor que en proyectos sin dicho esquema.

Nueva Zelanda adoptó en 2020 reformas a su marco de infraestructura que formalizan el concepto maorí de kaitiakitanga —custodia ambiental— como criterio legal en evaluaciones de impacto. Los proyectos que incorporaron este criterio en fase de diseño mostraron plazos de aprobación 31% más cortos que el promedio histórico.

Estos no son modelos perfectamente trasladables a México. Pero la dirección que señalan es verificable: la integración temprana y sustantiva de comunidades en el diseño de proyectos reduce conflictos y mejora resultados.

Conclusión

Veinte años en el Istmo y una oposición que se intensifica en Sinaloa no son coincidencias geográficas. Son puntos en una curva que la evidencia disponible describe con claridad: México carece de un mecanismo funcional para resolver la tensión entre desarrollo energético y derechos territoriales indígenas antes de que esa tensión se vuelva conflicto crónico.

La inflación bajó a 3.55% en junio —dato publicado también hoy en estas páginas—, y la economía requiere inversión en infraestructura para sostener el crecimiento. Esas dos realidades no se contradicen con los derechos de las comunidades zapotecas y yoreme-mayo. Pero tampoco se reconcilian solas.

Los datos sugieren que el costo de no construir un proceso de consulta genuino no lo pagan los presupuestos federales en el corto plazo. Lo pagan las comunidades, los inversionistas atrapados en litigios y, finalmente, las metas climáticas que todos dicen compartir.

Los hechos, sin más.

Por Maria Ortega