La tensión entre desarrollo energético y derechos territoriales indígenas define uno de los dilemas más persistentes de México —y de América Latina entera

La edición de hoy ofrece, sin haberlo planeado así, una imagen compuesta de México que pocas estadísticas son capaces de capturar. De un lado, una inflación que desciende a 3.55% y una economía que, al menos en sus indicadores agregados, navega aguas relativamente estables. Del otro, comunidades zapotecas en Oaxaca y yoreme-mayo en Sinaloa que llevan años —en algunos casos, décadas— resistiendo proyectos energéticos instalados sobre sus territorios sin su consentimiento pleno y documentado. Ambas realidades coexisten en el mismo país. La pregunta es si realmente se comunican.

Un patrón que la geografía no explica

Lo que los reportajes de esta edición revelan no es un problema regional ni coyuntural. Es un patrón. Desde el Istmo de Tehuantepec hasta el norte de Sinaloa, el esquema se repite con variaciones menores: una empresa —nacional o extranjera— identifica un territorio con condiciones favorables para generación de energía; los estudios de impacto avanzan; las obras comienzan, o están a punto de comenzar; y las comunidades que habitan ese territorio descubren que su participación en el proceso fue, en el mejor de los casos, incompleta.

Esto no es una interpretación editorial. Es lo que documentan los expedientes judiciales, las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los informes del Relator Especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, que en distintos momentos ha señalado a México por déficits en la implementación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Dicho convenio, ratificado por México en 1990, establece la consulta previa, libre e informada como derecho vinculante, no como cortesía procedimental.

La lógica del desarrollo y sus supuestos

Sería inexacto, sin embargo, presentar este conflicto como un choque entre el bien y el mal. Los proyectos eólicos y de generación de amoniaco no surgen de la nada: responden a necesidades energéticas reales, a compromisos climáticos internacionales que México ha suscrito y a la presión legítima de reducir la dependencia de combustibles fósiles. La transición energética tiene costos, y distribuirlos de manera justa es uno de los desafíos más complejos de la política pública contemporánea.

Tampoco puede ignorarse que algunas comunidades —no todas— han negociado acuerdos que consideran aceptables, y que la resistencia no es uniforme ni monolítica dentro de los propios pueblos afectados. Las divisiones internas, cuando las hay, forman parte del cuadro completo y merecen la misma atención periodística que la oposición organizada.

Lo que sí resulta difícil de sostener, a la luz de la evidencia acumulada, es el argumento de que el marco legal vigente ha sido suficiente para garantizar que las comunidades sean interlocutores reales y no meros receptores de decisiones tomadas en otra parte.

Colombia como espejo lateral

La victoria de Alejandro De la Espriella en Colombia —analizada también en esta edición— añade una dimensión regional al debate. El giro político que representa su elección incluye, entre otras señales, una retórica más favorable a la aceleración de proyectos extractivos y de infraestructura. Si ese impulso se traduce en política concreta, Colombia podría convertirse en un laboratorio de las tensiones que México ya conoce bien: ¿hasta qué punto la urgencia del desarrollo justifica comprimir los tiempos de consulta? ¿Quién define cuándo una consulta ha sido suficientemente amplia?

La respuesta que cada país construya en los próximos años tendrá consecuencias que van más allá de sus fronteras, porque los modelos de gestión territorial —tanto los que funcionan como los que fracasan— viajan rápido en la región.

Las buscadoras y la coherencia del Estado

Hay un hilo más delgado, pero real, que conecta la nota sobre las buscadoras de desaparecidos en el Estado de México con el resto de la edición. No es temático: es institucional. Lo que las buscadoras denuncian —pactos firmados e incumplidos, compromisos que se evaporan después del anuncio— describe una relación entre el Estado y los ciudadanos organizada en torno a la promesa diferida. Las comunidades indígenas que llevan décadas en tribunales conocen bien esa geometría.

Un Estado que no cumple sus compromisos con las buscadoras de Ecatepec y un Estado que implementa proyectos sin consulta real en Oaxaca no son necesariamente el mismo Estado, pero comparten una característica: la distancia entre lo que se anuncia y lo que se ejecuta. Esa distancia, cuando se vuelve crónica, erosiona algo que ningún indicador macroeconómico registra con facilidad: la confianza en que las instituciones dicen lo que hacen y hacen lo que dicen.

Lo que los números no ven

La inflación a 3.55% es una buena noticia. Lo es genuinamente, y merece ser reportada como tal. Pero los indicadores agregados tienen un punto ciego estructural: no desagregan por quién absorbe los costos del proceso que los produce. Una economía puede crecer mientras determinadas comunidades pagan, en términos de territorio, agua y autonomía, una factura que no figura en ningún balance.

Eso no invalida el crecimiento. Pero sí obliga a preguntarse si las métricas con las que medimos el progreso son suficientemente amplias para capturar lo que realmente está ocurriendo.

¿Es posible diseñar una transición energética que sea simultáneamente urgente —a la velocidad que el cambio climático exige— y respetuosa de los tiempos y las formas de decisión colectiva de las comunidades afectadas, o ambas urgencias están estructuralmente en conflicto? Y si el Estado ha incumplido reiteradamente sus compromisos de consulta, ¿qué mecanismos concretos —más allá de las declaraciones de política pública— podrían cambiar esa tendencia?

Por Hector Dominguez