La resistencia zapoteca en Oaxaca y la oposición yoreme-mayo en Sinaloa iluminan una tensión que no es solo mexicana: ¿quién decide qué se construye en tierra ajena?

Hay noticias que parecen locales hasta que uno las mira dos veces. La resistencia de comunidades zapotecas en el Istmo de Tehuantepec contra los parques eólicos lleva ya dos décadas. La oposición de los yoreme-mayo en Sinaloa a una planta de amoniaco se intensifica esta semana. Son historias distintas, en geografías distintas, con actores distintos. Pero hacen la misma pregunta: ¿quién tiene derecho a decidir qué se instala en un territorio cuando los intereses del Estado, del mercado y de las comunidades apuntan en direcciones opuestas?

Esa pregunta no tiene una sola respuesta. Tiene, al menos, tres. Y las tres son serias.

Desde las comunidades: la tierra no es un recurso, es una identidad

Para entender la perspectiva de las comunidades zapotecas del Istmo, hay que entender primero que llevan resistiendo desde antes de que «transición energética» fuera una frase de moda en los foros internacionales. Las primeras concesiones eólicas en Oaxaca se otorgaron a mediados de los años noventa. Las comunidades, en muchos casos, dijeron que no se les consultó de manera adecuada; que los contratos de arrendamiento se firmaron con intermediarios que no representaban a la asamblea comunal; que las regalías prometidas no compensaban la fragmentación del territorio ni el impacto sobre la pesca, la milpa y los corredores migratorios de aves.

Dos décadas después, la queja central sigue siendo la misma: el proceso de consulta previa —reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por México— no se cumplió con el estándar de «libre, previa e informada». No es un argumento sentimental. Es un argumento jurídico que ha prosperado en tribunales mexicanos y que tiene respaldo en precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La misma lógica aparece en Sinaloa. Los yoreme-mayo argumentan que una planta de amoniaco en sus proximidades representa un riesgo ambiental y de salud que no eligieron asumir, en tierras que consideran parte de su patrimonio histórico. La intensificación de su movilización esta semana sugiere que la negociación institucional, si la hubo, no resultó satisfactoria.

Desde esta perspectiva, el patrón es claro: el Estado mexicano tiende a tratar el territorio indígena como disponible para proyectos de interés nacional o privado, con consultas que las comunidades describen como informativas, no vinculantes. La resistencia, entonces, no es oposición al progreso. Es exigencia de ser sujetos del progreso, no su objeto.

Desde el Estado y los inversores: sin infraestructura no hay descarbonización

Hay una segunda lectura, igualmente coherente, que parte de una premisa diferente.

México tiene compromisos climáticos internacionales. Tiene una demanda eléctrica creciente. Tiene una geografía privilegiada —el Istmo de Tehuantepec es uno de los corredores de viento más productivos del planeta— y tiene una industria que necesita insumos como el amoniaco para sostener cadenas productivas que dan empleo a millones de personas fuera de las zonas de conflicto.

Desde esta perspectiva, la parálisis en proyectos de energía renovable no es una victoria para nadie. Cada aerogenerador que no se instala en Oaxaca es un equivalente en combustibles fósiles que alguien quema en otro lugar. Cada planta de amoniaco que no se construye en Sinaloa es una importación más cara desde otro país, con su propio costo ambiental embebido en el transporte.

Los defensores de esta postura no necesariamente niegan el derecho a la consulta. Argumentan, en cambio, que el marco legal mexicano ha creado una ambigüedad casi irresoluble: las comunidades tienen derecho a ser consultadas, pero no queda claro si tienen derecho de veto absoluto. Y mientras esa ambigüedad persiste en los tribunales, los proyectos se congelan, las inversiones se van a otras latitudes y la transición energética de México se retrasa.

Es un argumento que no puede descartarse con facilidad. La pregunta que plantea es incómoda: ¿puede una minoría —por legítima que sea su demanda— bloquear indefinidamente infraestructura que el resto del país considera necesaria? ¿Y quién decide cuándo una consulta fue «suficientemente» libre e informada?

Desde América Latina: el mismo guión, distintos escenarios

Hay una tercera lectura que conviene no ignorar, y que mi experiencia cubriendo procesos políticos en varios países me obliga a traer a la mesa.

Este conflicto no es exclusivamente mexicano. Es la versión local de una tensión que recorre todo el continente: la colisión entre los derechos territoriales de pueblos originarios y los proyectos de desarrollo —sean mineros, energéticos o agroindustriales— que los Estados promueven en nombre del crecimiento o la descarbonización.

En Chile, las comunidades mapuche llevan décadas en disputa con forestales y proyectos hídricos. En Colombia, el nuevo gobierno de De la Espriella —electo esta semana en lo que varios analistas describen como un giro hacia posiciones más favorables a la inversión privada— heredará tensiones similares con comunidades afrocolombianas e indígenas en zonas de extracción. En Argentina, las comunidades de la Puna resisten proyectos de litio que el Estado presenta como palanca de la transición energética global.

El patrón continental revela algo que las lecturas puramente nacionales tienden a oscurecer: no se trata de comunidades «atrasadas» que no entienden el progreso ni de Estados «malvados» que solo sirven al capital. Se trata de una contradicción estructural entre dos formas legítimas de entender el territorio y el futuro. Esa contradicción no se resuelve con más decretos ni con más protestas. Se resuelve —cuando se resuelve— con mecanismos de participación que generen acuerdos genuinos, no acuerdos de papel.

La experiencia latinoamericana también enseña que los conflictos que no se resuelven en la mesa de negociación tienden a resolverse en la calle, en los tribunales o, en los peores casos, con violencia. Las buscadoras que esta semana denuncian incumplimiento de pactos sobre desaparecidos en el Estado de México son, en cierta forma, otro capítulo del mismo libro: comunidades que confiaron en acuerdos institucionales y encontraron que el Estado no cumplió.

Tres lecturas, entonces, para el mismo mapa. Una comunidad que defiende su territorio como condición de su identidad. Un Estado que necesita infraestructura para cumplir compromisos que el planeta entero le exige. Un continente que lleva décadas intentando —con resultados desiguales— construir un modelo de desarrollo que no devore a quienes viven sobre los recursos que ese desarrollo requiere.

Ninguna de las tres perspectivas es cómoda. Ninguna tiene respuesta fácil. Pero las tres merecen estar en la misma conversación.

Esa conversación, hasta ahora, ocurre demasiado frecuentemente entre abogados y jueces, no entre las partes que tendrían que llegar a un acuerdo. Tal vez ahí esté el diagnóstico más honesto que uno puede ofrecer sin declarar un ganador.

Por Arturo Jimenez